Hace un siglo, el Gobierno dictatorial y entreguista de Manuel Estrada Cabrera, con su lema “orden para el progreso”, entregó grandes extensiones de nuestro territorio a compañías extranjeras. A la United Fruit Company (Ufco) le cedió mil 500 caballerías de tierra cultivable para la producción de banano en Guatemala y su posterior exportación. En 1904 entregó a esta compañía estadounidense el muelle de Puerto Barrios, las líneas telegráficas y el Ferrocarril del Norte que se construyeron con recursos económicos y la fuerza de trabajo guatemalteco. Luego la empresa estadounidense International Railways of Central América (IRCA) tomó el control del ferrocarril. La Ufco era la accionista mayoritaria de esta compañía.

La Ufco se convirtió en una fuerza económica y política dominante en Guatemala, en otros países latinoamericanos y en El Caribe. En Centroamérica llegó a controlar más del 40% de tierras cultivables. El robustecimiento del poder económico y político de la Ufco fue posible por la continuidad de la política del trabajo forzado en las plantaciones bananeras.

Así las cosas, el gobierno entreguista del general retirado Otto Pérez Molina; la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota pretenden imponer el salario mínimo diferenciado consistente en Q1 mil 250 mensuales para el trabajo de industria de manufactura ligera. Si el salario mínimo nacional que oscila entre Q2 mil 083 y Q2 mil 650 ya es insuficiente ¿cómo se puede justificar semejante salario de hambre?

Hoy, esta política de esclavitud solapada está afectando a los municipios de Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso, así como en Estanzuela, Zacapa, y Masagua, Escuintla. Si no se deroga el salario mínimo diferenciado, mañana se reinstauraría y legitimaría el trabajo forzado al que pusieron fin los gobiernos de la primavera democrática (1944-1954), Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán.

Desde hace siglos las élites políticas y las grandes empresas transnacionales se han jactado de ser los promotores del desarrollo. Pero lo que no dicen es que promueven su propio desarrollo económico, social y político a costa de violar los derechos laborales de las mayorías excluidas en Guatemala.

Es absurdo que para atraer la inversión extranjera, el gobierno de Otto Pérez imponga salarios de hambre y la gente históricamente excluida en este país, por necesidad, tenga que realizar trabajos catalogados de “industria ligera” cuando en realidad se trata de trabajos monótonos y estresantes.