Además de extorsionar a comerciantes, los agentes expulsados también permitían las operaciones de taxis o autobuses que operaban sin las debidas licencias y que, en algunos casos, incluso trabajaban para bandas del tráfico de drogas.
Las investigaciones sobre las actividades ilegales de los agentes comenzaron en 2012 y determinaron que los agentes cobraban unos 70 reales (25 dólares) por semana a los comerciantes, que en muchos casos ofrecían mercancías de contrabando.