Junto a esta propuesta también avanza una más, igualmente preocupante, y es la de aumentar también la tasa impositiva a todas las bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, lo cual tendrá serias repercusiones en muchas industrias que indudablemente verán reducido el consumo. Pero pueden más las necesidades y por ello es que el Ejecutivo está echando mano de cualquier recurso para aumentar los ingresos fiscales, pero en esos esfuerzos no se percibe para nada un poco de austeridad, salvo cuando las circunstancias obligan.

Por ahora el Estado está a la búsqueda de por lo menos dos mil millones de quetzales, pues se elaboró un presupuesto para el 2015, contando con dichos recursos, pero la serie de acciones que llovieron sobre la manipulación de la Ley del Presupuesto ha causado impacto inicialmente en  mil 330 millones de quetzales. Se estima que la batalla legal podría durar al menos  tres  meses y si la resolución de la Corte de Constitucionalidad queda en firme, como parece temer el Gobierno, eso explicaría las prisas en la recaudación.

Sin embargo, puede ser que las penurias financieras sean mayores para el país, pues durante los últimos gobiernos se han presupuestado cantidades desproporcionadas con los ingresos, y eso ha provocado que nunca se logren las metas tributarias, lo que a la vez ha sido motivo para la defenestración de quienes dirigen la SAT. Paralelamente la conducta de los gobernantes parece avanzar por otros rumbos, donde da la impresión de que no hay crisis y tal vez por eso se persiste en el despilfarro y tampoco se perciben planes convincentes que ayuden a contraer el gasto.

En contraste con ese cuadro de displicencia, ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia anunciaba que no cuentan con los fondos suficientes para cumplir con los compromisos salariales  del Organismo Judicial para este mes, una escena que dos días antes se había repetido con la Fiscal General, quien a su vez denunciaba que no había recibido los recursos asignados y que tampoco podría pagar los sueldos en el Ministerio Público. Estampas de una crisis que azota a distintas esferas del poder público, pero que tampoco parece ser generalizada.

Uno de los mayores riesgos cuando se afrontan apuros financieros es que se puede incurrir en imprudencias, como la que cometieron los diputados de los partidos Líder y Patriota, que aprobaron un plan de gastos bajo procedimientos irregulares y abusivos. Lo que parece una solución viable para unos se constituye en amenaza para industrias y consumidores, que pueden pagar las consecuencias de una administración que ha sido irresponsable en el manejo de los recursos públicos, los cuales  gasta de manera irrefrenable y clientelar.