El objetivo es que se suspenda el bolsón de Q1 mil 965 millones que fueron establecidos en la partida Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el cual carece de un destino específico.
Además, se volvería a prohibir a los Consejos de Desarrollo realizar convenios con las Organizaciones no Gubernamentales para la ejecución de proyectos de inversión de obra física.
De igual forma se busca que se retoma la obligatoriedad de contar con Comprobantes de Disponibilidad Financiera, que obliga a los diferentes ministerios a contar con recursos para contratar proyectos, lo que, según la UNE ayudaría a evitar la deuda flotante.
También pide dejar en suspenso el impuesto de Q5 para las líneas de telefonía móvil, el cual ha generado una gran cantidad de críticas por parte de los sectores empresariales, así como otras acciones legales. Aunque según autoridades de Finanzas este tributo generaría unos Q1 mil 300 millones al fisco.
Otro artículo que quedaría sin efecto de manera temporal es el 78, el cual incrementa de Q1.50 a Q5 el impuesto a la Distribución de Cemento.
La UNE no accionó contra el tributo a las regalías de la minería, el cual subió de 1 por ciento, a 10 por ciento.
El amparo se presentó contra el Congreso por la aprobación de decreto que contiene el Presupuesto para el próximo año.
Según la UNE las bancadas Libertad Democrática Renovada, el Partido Patriota, realizaron la aprobación de “manera arbitraria, ilegal, ejerciendo abuso de autoridad y contradiciendo el espíritu de la Ley Orgánica del Presupuesto“.
