Asimismo, añadió que la única forma para ingresar una petición es a través del sitio www.uscis.gov al cual los interesados se pueden suscribir para estar al tanto de noticias y de cuándo se iniciará la recepción de solicitudes.
Smith enfatizó que las medidas ejecutivas beneficiarán a los indocumentados que radican actualmente en EE. UU. Y que prueben que estaban en ese país antes del 1 de enero del 2010 y que también estaban el día que Obama hizo el anuncio.
“Lo más importante es que los que están viviendo actualmente en EE. UU. Son los únicos que califican para estas acciones. Al momento las solicitudes no están disponibles así que, si alguna persona o negocio ofrece las solicitudes en este momento es una estafa”, subrayó Smith.
También destacaron que las medidas a implementar favorecerán la captura y deportación de quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal.
Dentro de otros requisitos también se mencionó, tener un hijo ciudadano estadounidense o residente legal que viva en aquel país, contar con documentos legales, como DPI, certificado de nacimiento o matrícula curricular para demostrar su nacionalidad.
Mientras que para probar la residencia por cinco años se requerirán recibos de colegiatura, de rentas, cheques de pago o de impuestos, siempre y cuando estén a nombre de quien quiera aplicar y tengan fecha.
Smith, añadió que la deportación de un migrante en el pasado no necesariamente implica que no aplique al beneficio, por ejemplo que en el pasado haya sufrido una deportación.
Acción diferida
Los funcionarios estadounidenses indicaron que las solicitudes para aplicar al programa de Acción Diferida (DACA en inglés), que beneficia a los migrantes de cualquier edad que llegaron a EE. UU., antes de los 16 años y que han vivido en ese país de forma continua desde el 1 de enero del 2010 se esperan recibir 90 días después del anuncio de Obama (mediados de febrero).
Debido al anuncio de beneficios migratorios, ya hay denuncias de que coyotes intentan estafar a guatemaltecos con que les conseguirán documentos para “legalizarlos“, lo cual representa un riesgo muy grande incluso que podría derivar en prisión para quienes lo intenten.
