La otra medida amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños. Esos dos programas pudieran beneficiar a un máximo de 4.4 millones de personas.
La declaración de los expertos afirma que las decisiones del presidente constituyen un uso debido de su autoridad discrecional.
Los republicanos reaccionaron con furia a la decisión de Obama, calificándola de ilegal e inconstitucional. Algunos de los expertos jurídicos que critican la decisión de Obama alegan que el trabajo del presidente es hacer cumplir las leyes que aprueba el Congreso y que Obama desafía a la legislatura federal.
La Casa Blanca ha señalado que en el pasado otros presidentes, tanto republicanos como demócratas, han usado su autoridad ejecutiva para proteger inmigrantes de la deportación. Sin embargo, la decisión de Obama beneficiaría a un número mucho mayor de inmigrantes que las de otros mandatarios.
Críticos como John Yoo y Robert Delahunty, que trabajaron en la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia en el gobierno del presidente George W. Bush, alegan que el presidente no tiene tal autoridad amplia y que la discrecionalidad sólo puede aplicarse de manera limitada.
En su declaración, los expertos dijeron que el amplio alcance de la decisión de Obama no la hace menos válida jurídicamente.
“El presidente pudiera decidir un límite a la cantidad de personas que pueden beneficiarse de la discrecionalidad o establecer condiciones lo suficientemente restrictivas para mantener la cifra baja, pero esto sería una decisión de política, no jurídica”, escribieron.
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