Roberto Molina Barreto, presidente de la CC, declaró en conferencia de prensa que las pruebas presentadas por quienes interpusieron las acciones legales el 7 de octubre no lo convencieron a él y a los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera y Alejandro Maldonado Aguirre.
“Se analizaron cada uno de los agravios reclamados y se llegó a determinar que era improcedente el amparo. Son muchos argumentos que contienen los cuatro amparos, se hizo el análisis y se llegó a determinar que no eran procedentes”, afirmó Molina Barreto.
La resolución contó con los votos disidentes de los magistrados Juan Carlos Medina Salas y Gloria Patricia Porras Escobar, sobre lo cual Molina Barreto se limitó a decir: “Ellos argumentan que se debió haber otorgado el amparo y repetido el proceso” de elección.
Fija plazo
De acuerdo con la resolución de la CC, los magistrados electos deben ser juramentados en el Legislativo en un plazo máximo de cinco días después de ser notificadas las partes en la sesión próxima, y estos, a su vez, darán posesión a los 126 de las salas de Apelaciones.
Molina Barreto negó haber recibido presiones “en absoluto” de algún sector para revertir el amparo provisional y evitó pronunciarse sobre las denuncias de tráfico de influencias en que estaría involucrado el diputado oficialista Gudy Rivera para favorecer a ciertos candidatos, por directrices del Organismo Ejecutivo.
“No le podría dar ninguna declaración porque no es lo que consta en el expediente”, aseveró.
Polémico
Desde el comienzo, el proceso para elegir a los magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones para el período 2014 al 2019 ha estado plagado de impugnaciones, luego de que la Comisión de Postulación eligió la lista de finalistas que envió al Congreso.
Las muestras de inconformidad y las exigencias para revertir el proceso fueron no solo de la sociedad civil guatemalteca, sino también de entidades internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que afirmaron que, entre otras irregularidades, no se evaluaron en forma objetiva algunos criterios.
Por si fuera poco, una de las magistradas reelectas para sala de Apelaciones, Claudia Lissette Escobar Mejía, declinó asumir después de denunciar de manera pública, el 5 de octubre último, haber recibido presiones de Rivera para favorecer con una resolución judicial a la vicepresidenta Roxana Baldetti, y a cambio obtendría apoyo del oficialismo en el Congreso.
La vicegobernante fue favorecida para que continuara como secretaria general del Partido Patriota después de que el Tribunal Supremo Electoral ordenó que fuera cancelada su inscripción tras haber participado en la proclamación de Alejandro Sinibaldi para precandidato presidencial, en un acto proselitista efectuado en la Plaza de la Constitución el 21 de septiembre pasado.
A pesar de que Escobar Mejía hizo pública la grabación de una conversación que supuestamente evidenciaba el tráfico de influencias, el pleno de la CSJ desestimó la semana pasada dar trámite a la solicitud de antejuicio contra el parlamentario para que sea investigado.
Los 13 magistrados electos. (Foto Prensa Libre: Archivo)
Se reunirán
Vladimir Aguilar, procurador general de la Nación y uno de los 13 magistrados electos a la CSJ, indicó que deberán reunirse en un primer pleno, luego de la juramentación y toma de posesión, para elegir presidente y designar a los magistrados de Apelaciones en las salas de acuerdo con las especialidades de los profesionales que fueron electos.
Al dimitir Aguilar de la PGN, el cargo sería entregado al jefe de Procuraduría, quien hace las veces de subprocurador, mientras el presidente de la República analiza perfiles para nombrar a su sucesor.
Proceso accidentado
El 10 de julio empezó el trabajo de las postuladoras para la CSJ y salas de Apelaciones.
El 17 de septiembre el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, pidió revertir el proceso y se sumó a los grupos civiles.
El 30 de septiembre el Congreso eligió a los magistrados.
La magistrada Claudia Escobar denunció tráfico de influencias el 5 de octubre.
El 9 de octubre la CC otorgó amparo provisional a una acción de agrupaciones civiles que pedía repetir el proceso y 40 días después lo revocaron.
Postura
Debate fue amplio
El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, explicó los argumentos que discutieron, y los que más pesaron para emitir la resolución fueron sobre si se aplicaba la Ley de la Carrera Judicial y la participación del Consejo de la Carrera en las comisiones de postulación.
También dijo que se debatió de manera amplia sobre las funciones y competencias de la Comisión de Postulación y las atribuciones que tuvo el Congreso de la República durante la elección.
“Se indica cuál es la función y competencia de funciones de las comisiones de postulación para elegir a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, y que culmina con la entrega de la nómina al Congreso y la competencia del Legislativo de elegir de esa manera”, afirmó.
Congreso
Lo ven con satisfacción
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, dijo que ven con satisfacción la resolución de la CC, porque es una muestra de que los diputados actuaron en marco de legalidad.
Agregó que si la notificación se hace hoy, tendrían hasta el lunes para juramentar a magistrados de la CSJ, y descartó que fuera a efectuarse hoy, por la logística que conlleva.
La postura del Congreso significa que los magistrados electos de la CSJ tendrían que ponerse de acuerdo con las actuales autoridades para el acto de juramentación, la próxima semana.
La Dirección Legislativa del Congreso no había recibido la notificación de la resolución de la CC, a pesar de que la esperaron hasta anoche.
Se necesita quórum de 80 diputados para la juramentación.
Magistrado
Restaurar el orden
El magistrado electo para la CSJ y aún procurador general de la Nación, Vladimir Aguilar, manifestó que junto a los otros 12 profesionales la resolución “produce satisfacción, porque restaura el orden constitucional y la institucionalidad en el país”.
Agregó que van a trabajar de forma transparente para una justicia independiente, pronta y cumplida, sobre la base de un plan estratégico para garantizar el acceso a la justicia, en especial a los más vulnerables, como la niñez y mujeres víctimas.
“La transparencia en la rendición de cuentas debe ser la base de una justicia efectiva que responda a procesos y estándares internacionales, para recobrar la credibilidad de la población en el sistema de justicia y fortalecer el Poder Judicial y consolidar el estado de Derecho”, dijo.
Cicig
Respeta resolución
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) indicó que respeta las decisiones de la Corte de Constitucionalidad.
“Hemos seguido muy de cerca el proceso de comisiones de postulación, y destacamos la participación de diversos sectores en las discusiones amplias en torno a los mecanismos de elección y su pronunciamiento respecto de la necesidad de introducir cambios profundos en ese sentido”, señaló Diego Álvarez, vocero de la Cicig.
Manifestó que el organismo internacional ha sido facilitador, y es el papel que también cumplirá en el próximo diálogo nacional en el que la idea es reunir a todos los sectores para que sean los mismos guatemaltecos los que discutan, analicen y sugieran propuestas para reformas a la justicia.
Rechazo
La ley ya caducó
Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, expresó que no comparten la resolución de la Corte de Constitucionalidad pero la respetan, ya que viene del máximo tribunal.
Refirió que la Ley de Comisiones de Postulación ya caducó, porque se encontraron elementos para poder corromper el proceso.
“Ahora, los magistrados electos deben dejar por un lado los intereses particulares y trabajar para responder de forma profesional sin cargas ideológicas”, indicó Cruz.
Propuso que se busquen nuevas ideas que ayuden a mejorar el sistema de justicia, y se podría trabajar en reformas que coadyuven a un mejor trabajo.
“Es idóneo para que los guatemaltecos nos preocupemos para buscar alternativas para mantener el estado de Derecho”, aseguró Cruz.
Activista
No hubo defensa
Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack, manifestó que la expectativa que tenían era que la Corte de Constitucionalidad saliera en defensa de la Constitución.
De acuerdo con Mack, ahora se confirma es que ya no hay independencia judicial.
Como ejemplo citó que el Juzgado Sexto Penal envió a prisión preventiva Vernon González, el abogado que facilitó la reunión entre la magistrada Claudia Escobar y el diputado Gudy Rivera, pero contra este no procede el antejuicio.
“Qué podemos esperar en los próximos cinco años con magistrados electos”, dijo.
Agregó: Con el fallo de la CC “pierden los guatemaltecos. Para ser justos, y hay que ser honestos, los que quedaron no tiene principios éticos”.
Las cortes quedaron integradas, según denuncia de bancadas políticas en el Congreso, luego de acuerdos entre el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada.
Los Magistrados de la CSJ
