Álvarez, junto a cinco vecinos de la comunidad, denunciaron que el frente de las ruinas de la Ermita sirve como entrada principal para el transporte de carga, para la construcción de un complejo habitacional.
Los esfuerzos no les dieron resultado y, por el contrario, fueron acusados de amenazas y abuso de autoridad en forma continuada, proceso que aún sigue.
La empresa a cargo de la construcción exige el pago de Q259 mil 631, por daños y perjuicios.
Álvarez agradeció el reconocimiento, pero lamentó la falta de responsabilidad de los entes encargados de la protección de la ciudad colonial e instó a las autoridades para que ejerzan su papel.
