Entidades especializadas evocan esa fecha para honrar a quienes perdieron la vida en cumplimiento de su trabajo y para demandar a los Estados la investigación, juicio y castigo contra todos aquellos que arrebaten derechos inviolables de periodistas, provocando un grave daño colateral a la sociedad, que se ve limitada en el acceso al conocimiento de hechos que afectan su vida y su entorno.

Reporteros sin Fronteras (RSF) levantó una campaña con nombres y rostros, mostrando la magnitud de la impunidad y las formas que puede tomar. RFS consideró esencial no olvidar nunca a los periodistas víctimas de crímenes y denunció 10 casos simbólicos de impunidad, con el objetivo de movilizar al público y ejercer presión sobre las autoridades para que hagan que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

En todos estos casos, como en tantos otros, no existieron procedimientos oficiales para esclarecer los crímenes o, si los hubo, fueron por mucho insuficientes. Más de 90% de los crímenes cometidos contra periodistas no son esclarecidos y, por ende, nunca son castigados, señaló RFS.

En Guatemala, 28 periodistas han sido asesinados del 2000 a la fecha, según datos y registros del Observatorio de los Periodistas; cuatro colegas murieron de manera violenta en el 2013. Hay algunos avances en las investigaciones sobre estos últimos hechos, según informa la Unidad de Delitos contra Periodistas, que ha hecho esfuerzos para profundizar en las pesquisas y dar con los responsables; sin embargo, todos los anteriores siguen en la impunidad.

La Directora de Unesco indicó que ella condenó solo seis de esos casos y, aunque no se tiene identificado el móvil de los 28 crímenes, y por tanto, no se sabe si obedecieron a la razón de su oficio, eran personas que ejercían esta profesión y sus muertes están impunes.

Esta forma extrema de silenciar a los periodistas, aunque no la única, motivó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 26 de septiembre recién pasado, a condenar en una resolución adoptada por consenso, “inequívocamente todos los atentados y actos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” e instó a los Estados a promover “un entorno seguro y propicio de trabajo” para que los periodistas lleven a cabo su labor con independencia y sin injerencias indebidas”.

En esa misma resolución resaltó su preocupación por los altos niveles de impunidad que persisten en la mayoría de delitos contra miembros de este gremio; reconoció que la impunidad constituye “uno de los principales obstáculos para reforzar la protección” y que un elemento clave para la prevención es “asegurar la rendición de cuentas por delitos cometidos contra periodistas”.

Aquí estamos viviendo una situación anormal, con agresiones contra periodistas, muchas de ellas perpetradas por autoridades, alcaldes, funcionarios, policías. También se está judicializando el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Paradójicamente se impulsa una iniciativa para constituir un mecanismo de protección a periodistas, formulada de tal manera que se está tergiversando el sentido que debería tener.

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