Pero, no les ha quedado otro camino ante la demora del Ministerio de Finanzas Públicas en situar los correspondientes fondos para atender las obligaciones con el personal.

La impresión que algunos analistas tienen es que se trata de una acción por parte del Organismo Ejecutivo para presionar a los diputados a fin de obtener su aprobación a los proyectos de ley para la emisión de bonos por valor de cuatro mil millones de quetzales.

Podría ser. Pero, también la situación puede originarse en la falta de recursos provenientes de una política impositiva que no ha dado buenos resultados,

Zporque el atraso en pago de sueldos y salarios afecta a la Universidad de San Carlos, a los ministerios de Salud Pública y Educación, y a otras instituciones públicas.

La utilización del presupuesto como arma política no es nueva. En 2001, durante el Gobierno del FRG (2000-2004), fue utilizada contra la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. La historia del caso parte de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral que denegó dos veces, en 1990 y 1995, la solicitud de inscripción del general Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, por considerarlo líder de la revuelta militar que derrocó al presidente Fernando Romeo Lucas García. Entonces sus estrategas diseñaron un plan para presionar a los magistrados a efecto de que cuando fuesen interpuestas las acciones legales contra las resoluciones del TSE, estas fueran revocadas. ¿Cómo presionarlos? ¡Con el presupuesto!

Es obligación, por disposición constitucional, asignar al Organismo Judicial una cantidad no menor del 2 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que debe ser entregada a la tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el Ministerio de Finanzas Públicas. A su vez la independencia de la Corte de Constitucionalidad se garantiza con un porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial. En consecuencia, si estos aumentan, aumenta el dinero para la CC, y si disminuyen se produce un efecto contrario.

El Congreso, entonces, como no podía desobedecer la norma presupuestaria constitucional, dispuso dividir los ingresos fiscales en ordinarios y extraordinarios y razonó en el sentido de que el porcentaje del OJ sería calculado únicamente de los ingresos ordinarios. Así reducía los fondos para las dos Cortes. Pero los magistrados de la CC —presidida entonces por Conchita Mazariegos— no estaban dispuestos a dejarse retorcer el brazo y lanzaron una denuncia ante la opinión pública mundial.

Esos días, el ambiente nacional estaba caldeado. Una multitud de afiliados al FRG cercó el edificio de la Corte de Constitucionalidad y hubo otros hechos políticos impactantes.

La solución, sin embargo, llegó por la vía del amparo. La abogada Alma Beatriz Quiñónez —hija del jurista Edmundo Quiñónez Solórzano, primer presidente de la Corte de Constitucionalidad— interpuso una acción de amparo, señalando que la resolución del Congreso violaba la Constitución y el amparo fue declarado con lugar.

Los procedimientos se parecen. Los móviles son distintos. Aquella vez era una aspiración presidencial. Ahora la negativa de los diputados a dar su aprobación a una emisión de bonos. El instrumento es el mismo: el presupuesto.

Y a nadie debe sorprender la aparición de problemas presupuestales en un país de políticas absurdas, tanto que los pasados diputados constituyentes incurrieron en el error de asignar más fondos al deporte (no menos del 3% del presupuesto) que a la administración de justicia (no menos del 2%). Algo que solo en Guatemala puede suceder.

Y véase para lo que sirve el deporte, particularmente el futbol.