Al asesor de la funcionaria se le vincula con la reciente reunión que el diputado patriotista Godofredo Rivera sostuviera hace pocos días con la magistrada Claudia Escobar, donde se grabó parte de la conversación y por lo cual ahora también se le acusa a él de ejercer un tráfico de influencias que está penado por una ley recién actualizada, precisamente para buscar disuadir a funcionarios y particulares para que se abstengan de ejercer presiones sobre otros sectores públicos para alcanzar algún beneficio.

Estas medidas de la justicia son positivas porque alientan y demuestran que es posible accionar contra cualquiera de  quien se sospeche que pueda participar en  ilícitos. Con esto también se pone a prueba el sistema de justicia, que debe dar muestras de independencia y solvencia, ya que en algunas judicaturas se sigue percibiendo que se dan fallos dudosos, pero eso históricamente ha ocurrido y por eso es que se insiste en la necesaria independencia que debe prevalecer, sobre todo cuando existen cifras elevadas de impunidad.

Pero lo más relevante y quizá también  más difícil de demostrar son las ramificaciones que estas redes han mantenido  en las estructuras del Estado, un tema que, además, nadie ha querido afrontar, porque tanto dentro como fuera de las instituciones hay pugnas de poder. Todo esto es lo que ha hecho que precisamente el país no pueda librarse de esa nefasta presencia, porque el mal se hereda en cada administración y pareciera que se acrecienta con cada relevo   que se da en muchas entidades, las cuales son sensibles por los recursos que administran.

La lucha constante contra esas expresiones de crimen ha abierto el debate sobre la conveniencia o no de que se prorrogue el mandato de la Cicig, y principalmente por parte de las altas autoridades del Gobierno se ha insistido en que eso no es posible porque los países donantes se han mostrado reacios a continuar con los desembolsos. Por lo menos dos de los embajadores aludidos  se han expresado a favor de la continuidad de la oficina de la ONU y afirmado que sus países pueden seguir aportando recursos para la labor de esa misión.

En realidad, la prolongación  de ese mandato todavía no ha cobrado plena vigencia en la discusión nacional, pero de lo que no debería haber duda  es sobre  la necesidad   que este país tiene de  recibir la ayuda suficiente para combatir cualquier expresión del crimen, y más si su ámbito de acción se ubica dentro de estructuras del Estado, porque  si no  siempre será difícil que se pueda hablar de bienestar para los guatemaltecos, sobre todo por el enorme daño que la corrupción representa para el desarrollo de quienes más lo requieran.