El reglamento tiene como objetivo regular los niveles máximos permisibles de ruido y sonido producidos por fuentes fijas o móviles, que utilizan aparatos reproductores, amplificadores y propagadores de la voz y el sonido para proteger la salud de las personas y el ambiente histórico cultural de la ciudad y del ambiente en general.
El reglamento debe aplicarse en todo el municipio y es obligatorio para personas individuales y jurídicas que se dediquen a actividades comerciales fijas en establecimientos abiertos al público y que utilicen aparatos reproductores y amplificadores del sonido.
De acuerdo con la publicación en el Diario de Centro América, le corresponde a la Municipalidad a través de la Oficina de Control Urbano recibir documentación para que el Concejo otorgue las licencias solicitas.
El reglamento también establece que el Juzgado de Asuntos Municipales con apoyo de la Policía Municipal de Turismo se encargará de efectuar las inspecciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la norma.
Además, se establece que cualquier persona o dependencia podrá denunciar ante el Juzgado de Asuntos Municipales cualquier infracción al reglamento, y las multas para quien opere cualquier aparato reproductor, amplificador y propagador de la voz y el sonido sin tener la licencia correspondiente oscilan entre Q500 y Q50 mil según la gravedad del caso. Si es reincidente la multa podría ser de Q100 mil a Q200 mil.
Con el reglamento queda prohibido utilizar bocinas, sirenas y similares en establecimientos, predios, calles y avenidas del municipio sin contar con la autorización correspondiente.
También están prohíbo el uso de radios, instrumentos musicales, amplificadores y aparatos similares para producción o reproducción de sonido instalados en cualquier tipo de comercio para publicidad.
Además, ninguna persona natural o jurídica promocionará la venta de cualquier producto mediante el uso de aparatos reproductores y amplificadores de sonido y queda prohibido instalar aparatos de amplificación de sonido en puertas y aceras par enviar el sonido hacia la vía pública, entre otras prohibiciones.
El acuerdo entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.
