Guatemala

CIDH anima a luchar contra pobreza y violencia para frenar migración infantil

Luchar contra las causas de la migración infantil, como la pobreza y la violencia, es imprescindible para que la cifra de niños que viajan solos descienda, indicaron este miércoles en México miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al revisar a los países de Centroamérica.

Integrantes de la CIDH en el marco del 152 período extraordinario de sesiones. (Foto Prensa Libre: EFE)

Integrantes de la CIDH en el marco del 152 período extraordinario de sesiones. (Foto Prensa Libre: EFE)

CIUDAD DE MÉXICO – “Acometer esa causa parece crucial para poder avanzar hacia la solución del problema, que de otra manera solo va a tener soluciones parciales, temporales, en la medida en que haya factores tan fuertes que induzcan a la población, y sobre todo a la niñez, a dejar el país”, apuntó el comisionado chileno Felipe González.

González hizo esa apreciación en su intervención en la audiencia sobre los derechos humanos de Honduras, un país en el que “resultan muy preocupantes los altísimos niveles de violencia” y de “extrema pobreza”, que son “las causas o detonantes” de la alta emigración infantil.

En este sentido se manifestaron también los representantes de la sociedad civil de Guatemala y Honduras, los países examinados este miércoles, quienes exigieron a los Gobiernos centroamericanos que lleven a cabo políticas integrales de atención a la infancia.

“Pedimos a la CIDH que inste al Estado a que garantice la implementación de políticas públicas integrales que fortalezcan de manera sustentable a las familias y las comunidades de origen de los niños. Estas deben responder a las causas estructurales por las cuales están migrando“, dijo Sair Pinilla, de Aldeas Infantiles SOS, quien intervino en la audiencia sobre Guatemala.

El defensor de derechos humanos señaló que esta situación se debe a la grave crisis alimentaria que enfrenta la niñez guatemalteca y al clima de violencia que prevalece en el país y que “ha superado al Estado”.

En la misma situación se encuentran los niños en Honduras, según representantes civiles como Brenda Mejía, quien aseguró que “la pobreza y la violencia social son los factores principales de expulsión de niñez migrante no acompañada hacia los Estados Unidos”.

En los primeros cuatro meses de este año, contó, 440 jóvenes fueron asesinados, tres diariamente, en un país en el que el 48 por ciento de la población son niños.

De los más de 61 mil menores no acompañados que fueron aprehendidos por entrar a Estados Unidos de manera ilegal entre octubre de 2013 y julio pasado, más de 13 mil proceden de Honduras, contó la activista, quien añadió que “la reunificación familiar es otra de las causas que motivan la migración de niños”.

Así, en opinión de la defensora Belinda Portillo, la respuesta estatal “debe prever medidas de protección inmediatas, pero también de largo plazo” que atiendan la multiplicidad de factores que lleva a esta situación.

Portillo pidió a la CIDH que establezca “un mecanismo permanente a través de la relatoría de migración para dar seguimiento a las recomendaciones que brinde, de manera que los Estados deban informar periódicamente sobre el cumplimiento de la misma”.

Además del tema de la migración infantil, las organizaciones presentaron a la CIDH otra serie de problemáticas que atraviesan esos países, como las violaciones de los derechos humanos o la defensa de la población homosexual y transgénero.

En Guatemala pidieron, además, el fin de las “graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante la época del conflicto armado” y acusaron al Gobierno de querer perpetuar la impunidad.

En Honduras se habló también sobre la situación de violencia que atraviesan las mujeres, quienes viven “con el terror de ser asesinadas” en un país en el que una de ellas es asesinada cada trece horas.

Denunciaron los altos índices de impunidad del 95 por ciento en el caso de violencia sexual y feminicidios.

Tras las sesiones del lunes y martes, mañana los siete comisionados de la CIDH examinarán los derechos humanos de Nicaragua y Panamá.