Al final de la tarde los comisionados votaron por otorgar 30 puntos como máximo a la experiencia en el sector justicia, 30 al ejercicio de la abogacía y 15 por desempeño en instituciones públicas o privadas.
Los méritos profesionales serán evaluados con 75 puntos. La categoría de experiencia en el sector justicia incluye a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o Sala de Apelaciones, jueces de Primera Instancia o su equivalente, agente fiscal o auxiliar fiscal del Ministerio Público, defensor público de planta o de oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal, y asesor o su similar en la Corte de Constitucionalidad.
Quienes tengan más de 15 años en esta categoría obtendrán 30 puntos; por más de 10 y hasta 15, suman 25 puntos; entre cinco y hasta 10, recibirán 20.
Los abogados con más de 15 años de ejercicio serán calificados con 30 puntos; de entre 10 y 15 años, 25; y de cinco a 10 acumulan 20.
No se tomaron en cuenta de nuevo las formas para verificar la calidad del ejercicio profesional de los candidatos y se hizo énfasis en la antigüedad. Los méritos éticos fueron incluidos pero no tendrán ponderación.
La propuesta que no fue
Otra propuesta menos parecida a la que finalmente se aprobó valoraba los méritos profesionales con 75 puntos pero otorgaban un máximo de 25 a la experiencia profesional, y esa calificación aumentaba a 40 para quienes tenían experiencia en la función pública por más de 20 años. La tabla descendía los punteos gradualmente.
Esa misma tabla otorgaba 20 puntos para los abogados que habían sido directores y 10 para subdirectores de departamentos jurídicos públicos o privados.
Además otorgaba 10 puntos a las consultorías y asesorías, incluso contemplaba tres para los autores de diagnósticos y estudios. También cinco puntos por cargos de gestión pública, cinco más por diseño de políticas públicas y tres por haber contribuido a proyectos de reformas a esas políticas.
La jornada abundó en discusiones. Los magistrados de la CSJ Gabriel Medrano y Mynor Franco, incluso, sugirieron y coincidieron que se hiciera un borrador de propuesta fuera del marco de la comisión y volver el jueves para conocerlo.
No obstante, el magistrado Érick Álvarez y la decana Jary Méndez insistieron en que cualquier modificación debía hacerse dentro de la Comisión y de manera pública.
La Comisión apeló y pidió una aclaración al Juzgado Quinto de Instancia Civil, que suspendió la tabla y ordenó a la Postuladora hacer una nueva.
El comisionado Juan Carlos Godínez sugirió llevar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados a la jueza suplente que amparó en forma provisional a las organizaciones pro derechos humanos.
La comisionada Karla Gutiérrez —sorprendida cuando tomaba fotos de expedientes— solicitó que se investigara si los jueces que dictaron amparos provisionales son candidatos.
Tabla de gradación
No llena las expectativas
Hay dos características que no permiten que la tabla se ajuste a la Ley de las Comisiones de Postulación y a la Constitución, dijo Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
“El primero es que se sigue midiendo la antigüedad, y el otro es que no se valora la calidad en el ejercicio profesional de cada aspirante”, agregó.
Aún existe un fuerte beneficio para los que tienen más tiempo de graduados, pero no se pueden medir sus conocimientos acerca del Derecho.
El amparo seguirá su trámite “para que la Corte de Constitucionalidad genere las condiciones para hacer una tabla más apegada a Derecho”, dijo.
Por aparte, la postuladora para magistrados a la Corte Suprema de Justicia aún no pidió al Congreso consultar a la Corte de Constitucionalidad sobre la participación de los jueces como candidatos, y de no permitirse, de acuerdo con varios comisionados, también se impugnará.
