Según Ricardo Marroquín, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), desde que tuvo conocimiento del caso —en octubre último— se inició una investigación interna, en la que se determinó que, más allá de la denuncia de la víctima de trata, Tereta no tenía el perfil de confiabilidad suficiente para seguir en la institución.
Tereta fue acusado por una joven de 21 años de haberla secuestrado, violado y grabado en video, en noviembre del 2007, junto con otros tres hombres que también podrían formar parte de la SAAS. Por ahora no se ha emitido ninguna orden de captura.
Cuando fue despedido, Tereta estaba asignado al servicio de seguridad de la mujer y las hijas de un funcionario de este gobierno.
Ahora se evalúa al resto del personal —900 personas—, para saber si hay más agentes implicados en la supuesta red de trata de mujeres.
“Algo que nos preocupa mucho es que hayan podido usar de refugio la casa presidencial de Izabal (lugar que la víctima reconoció como el de su cautiverio), por eso le dijimos al MP que tiene las puertas abiertas para hacer cualquier reconocimiento”, refirió el funcionario.
El presidente Álvaro Colom dijo que no está informado sobre lo acontecido, pero enfatizó en que no se tolerará ningún acto de este tipo, y subrayó que es un caso aislado que no tiene vinculación con el trabajo general de la SAAS.
