El resarcimiento individual o colectivo será priorizado mediante la gravedad de las violaciones sufridas, la condición socioeconómica y vulnerabilidad, con especial atención a viudas, huérfanos, discapacitados, adultos mayores y menores de edad.
Si bien el Gobierno, en el acuerdo 258-2013, establece que el resarcimiento no exime la persecución penal contra los responsables de las violaciones a derechos humanos, enumera como tales la tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violación. Además, califica de “violaciones graves” el desplazamiento de personas, el reclutamiento forzado de menores y violaciones a derechos de la niñez.
Aparte, el apoyo a exhumaciones, inhumaciones, resarcimiento cultural, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material de vivienda, tierra, certeza jurídica de la tierra, inversión producto y resarcimiento económico también serán parte de las actividades del programa.
El resarcimiento económico será determinado por la Comisión Nacional de Resarcimiento, mediante aquellos criterios de prioridad enumerados. La comisión deberá ser integrada por delegados de la Presidencia, Segeplán, Finanzas, Secretaría de la Paz y Copredeh.
El acuerdo gubernativo señala que por lo menos el 90 por ciento del dinero asignado al programa se debe destinar a las acciones de resarcimiento, y el resto a gastos de funcionamiento.
La comisión liquidadora de Fonapaz aún no ha explicado el estado de 942 proyectos que la entidad disuelta debió construir desde 2008 para resarcir a las víctimas, cuyo monto asciende a Q127 millones que ya están pagados a ONGs y constructoras.
Algunas obras incluidas en este paquete son 28 viviendas, 11 mausoleos y tres conservatorios de música con un préstamo de Q155 millones.
