Ahora es el gobernante Otto Pérez Molina quien insiste en brindar declaraciones en ese mismo sentido, en una clara muestra de que avala lo expresado por la vicepresidenta, pero de nuevo tampoco aporta mayores datos, evidencias o cuando menos citar casos específicos que le den certeza a lo expuesto. Ello ocurre dentro del cruce de opiniones sobre lo que debe hacer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en los meses que le quedan de mandato.

Hace dos semanas, el comisionado Iván Velásquez expresó que la Cicig investigaría las mafias de las aduanas y el financiamiento de los partidos políticos, a lo cual tanto Pérez como Baldetti se apresuraron a afirmar, en diversas ocasiones, que no había tiempo suficiente y que la instancia únicamente debía transferir capacidades; a su vez, Velásquez respondió que la mejor transición era con investigaciones puntuales que además servirían para fortalecer precisamente esa parte que ha sido como un agujero negro de la justicia.

No obstante, la más reciente declaración presidencial contradice la reacción inicial, pues sugiere a la Cicig que investigue a alcaldes, principalmente de zonas fronterizas del país, por sus presuntos vínculos con narcotraficantes, como si tal pesquisa no formara parte de la primera propuesta que lanzó el comisionado, ya que ahora se pretendería ver el caso de los jefes ediles como algo aislado, sin conexión con los partidos, lo que implica un contrasentido, cuando es sabido que ningún político podría explicar satisfactoriamente el origen de sus fondos.

Dada la estructura del sistema de partidos, la resistencia que estas organizaciones han tenido a la fiscalización y a los techos de campaña ha sido una constante desde los comienzos mismos de la actual era democrática, por lo cual es ingenuo creer que la investigación sobre alcaldes con oscuros vínculos pueda dejar indemnes a las organizaciones dentro de las cuales militan, a menudo como importantes líderes locales o regionales, pero tampoco se pueden separar, porque muchísimos de ellos se convierten a la vez en intermediarios de los grandes partidos.

Al final, la afirmación de que algunos alcaldes están comprometidos con capos o grupos delictivos no debería ser lanzada por parte de los mandatarios con tanta ligereza, porque como autoridades están investidos del ideal ciudadano de rechazo, denuncia y combate de cualquier actividad criminal, y tampoco se puede soslayar que la política nacional es la principal responsable de buena parte del deterioro de la democracia, cuyos beneficios solo llegan a un grupo de políticos que la han hecho inviable y poco funcional.