Pese a que bancadas de oposición han manifestado su rechazo a la iniciativa y han logrado que esta no avance rompiendo quórum, hay altas posibilidades de que el proyecto avance. puesto que también están en agenda otras iniciativas importantes, como un préstamo a la Universidad de San Carlos; entre otras, que para conocerse, obligadamente debe hacerse lo mismo con la polémica propuesta.
La iniciativa ha generado gran cantidad de rechazo no solo a nivel nacional sino también en el internacional porque su texto busca extender una amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura, acción que se considera contraria al derecho internacional.
Una de las últimas instituciones que se pronunciaron al respecto fue Impunity Watch Guatemala, que hizo un llamado al Congreso para retirar la iniciativa de la agenda legislativa pues consideró que esta es ilegal y viola los derechos de las víctimas a la verdad y justicia.
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Rechazo
Los representantes de los Estados Unidos, Norma Torres, Eliot L. Engel, James P. McGovern y Albio Sires emitieron una declaración en respuesta a esa iniciativa de ley, la número 5377.
“Estamos horrorizados por la propuesta del Congreso de Guatemala de otorgar la amnistía para los criminales de guerra. Durante la larga guerra civil, el pueblo guatemalteco, especialmente las comunidades indígenas, sufrieron horrores indescriptibles. Pueblos enteros fueron masacrados, las mujeres fueron secuestradas y forzadas a la esclavitud sexual, y miles fueron desaparecidas y torturadas”, señala el documento.
Amnistía Internacional aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional amenaza “seriamente” los derechos humanos.
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La directora para las Américas de esta organización, Erika Guevara-Rosas, dijo que el cambio pone en riesgo los avances de la última década en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos en Guatemala.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
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