Aseguró que necesitan reunir más de Q400 mil para el pago de honorarios de los abogados que llevan el proceso y la atención de los heridos. Los líderes señalaron al Estado y al sistema de justicia de no haber cumplido con su responsabilidad en el proceso.
“Vemos que el Gobierno ha cometido el error de señalar a los gobiernos cooperantes de desestabilizadores, para que no intervengan en la política interna, y esto pone en riesgo a las personas que no tienen acceso al sistema de justicia”, dijo Sapón.
En el foro participó el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, quién afirmó que la postura de la Iglesia es que se haga justicia, pues sin ello, no podrá haber paz en el país.
Ramazzini calificó de preocupante que la población indígena no tenga acceso a la justicia, pese a tratarse de un caso paradigmático.
“Es importante que el Estado demuestre que la justicia es imparcial en el caso de la muerte violenta de los pobladores en la Cumbre de Alaska, ya que el Ejército nunca tuvo que haber intervenido en una manifestación de esta índole”, resaltó.
