Según el Departamento de Asesoría Jurídica del Minfin, en el dictamen 232-2012-AJ, con fecha del 3 de mayo del 2012, en abril de ese mismo año, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, solicitó un análisis sobre la posibilidad de emplear el saldo de recursos del fideicomiso mencionado “para atender diversos gastos”.
El dictamen concluyó que el decreto 31-2001 del Congreso —bajo el cual se creó el fideicomiso del café—, para el que se autorizó la emisión de bonos del tesoro por los US$100 millones, ya no está vigente.
El documento agregó que “el saldo de efectivo de Q395.8 millones del fideicomiso han permanecido por varios ejercicios fiscales sin movimiento en dicho banco (Banguat) pueden ser reintegrados a la Tesorería Nacional, si esos fondos no corresponden a obligaciones pendientes de pago”.
En el numeral cuatro del mencionado dictamen se establece que “el saldo de efectivo indicado en el numeral anterior (3), al ser trasladado efectivamente a la Tesorería Nacional, podrá utilizarse para atender gastos operacionales, de inversión del servicio de la deuda del Estado de Guatemala”.
Prensa Libre buscó la opinión del ministro de Finanzas; sin embargo, fue imposible comunicarse con él.
Destino privativo
Nils Leporovski, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), recordó que originalmente el monto de US$100 millones del fideicomiso se había depositado en una cuenta en el Banco de Guatemala, que se llamaba Apoyo Financiero para el Sector Cafetalero Guatemalteco.
De esos US$100 millones, conforme se iban utilizando, se hacían los traslados al Banco de Desarrollo Rural (Banrural). Según el presidente de Anacafé, los primeros traslados se tramitaron hasta que los recursos sumaron US$50 millones.
“No se trasladó todo el monto porque no había necesidad y porque si se hacía, el Banguat tenía que pagar mayor comisión a Banrural por mantener ese dinero manejado por ellos”, dijo Leporovski.
El presidente de Anacafé señaló que los recursos de fideicomiso no deberían haberse utilizado por el Gobierno, pues aún no ha vencido y “ese dinero está garantizado por los productores con sus terrenos, y, aunque tiene un porcentaje en mora, son recursos que son respaldados por hipotecas de terrenos”.
Leporovski se mostró extrañado de que ni el Banco de Guatemala ni Banrural ni Anacafé sabían del traslado de recursos.
Endeudados
Élmer López, ministro de Agricultura, dijo: “El problema de fondo del fideicomiso del café es que la gran mayoría de productores pequeños de café están endeudados con el mismo fideicomiso, de tal manera que no podría reaccionar ante el problema que hoy tenemos”.
Agregó que la posibilidad de brindar créditos para los agricultores de café es una opción que está abierta y que se fortalecerá. Sin embargo, reiteró que pese a que existen recursos, no hay capacidad de pago.
López recordó que de 90 mil productores, los que serían afectados ascienden a casi 75 mil —unas 315 mil familias—.
Entre las rutas para enfrentar la emergencia, el ministro mencionó que también se planteará que el fideicomiso se alargue 10 años más, para que los agricultores puedan hacer préstamos.
De acuerdo con los últimos datos disponibles en el Ministerio de Agricultura, el fideicomiso del café tiene disponibles Q240 millones en el Banco de Guatemala (Banguat), como capital fideicomitente y una cuenta más con US$40 millones, en Banrural.
Los recursos forman parte del Fideicomiso de Apoyo al Sector Cafetalero Guatemalteco, aprobado en el 2001, mientras que el otro es el Fideicomiso para el Mejoramiento del Pequeño Caficultor, el cual inició con recursos de la cooperación internacional en 1989.
El primer fideicomiso finaliza el 23 de octubre 2016, y el segundo fondo, el 26 de julio del 2014.
Emergencia está por declararse
El ministro de Agricultura, Élmer López, informó que el 8 de febrero próximo se podría oficializar la declaración de emergencia para el cultivo de café, debido al impacto de la roya.
El funcionario agregó que ya se presentaron al gabinete de gobierno varias rutas para lograr que las dependencias estatales puedan reaccionar en forma articulada ante la plaga.
“No solo es un problema de sanidad agropecuaria o sanidad vegetal en este caso, sino también de índole social y económica”, advirtió López.
El funcionario explicó que declarar la emergencia implica buscar recursos adicionales, unir esfuerzos de todas las instituciones del Estado para apoyar a las áreas más sensibles que van a estar expuestas a la vulnerabilidad alimentaria. “Implica esfuerzos nacionales y regionales”,
enfatizó.
Además, el presidente Otto Pérez Molina dijo ayer que se designó a los ministros de Agricultura, Economía, Desarrollo Social y de Trabajo, así como al secretario de Seguridad Alimentaria, para que estén en constante comunicación con los caficultores.
Según el mandatario, el fideicomiso del café cuenta con más de Q250 millones, “pero habrá que ver cómo quedó constituido y que una parte del mismo pase directamente al Ministerio de Agricultura, para que este pueda actuar y prevenir o erradicar la enfermedad”.
