Raúl Estrada, gobernador de Izabal, explicó que se formó una comisión integrada por un arqueólogo, el Registro de Información Catastral, la Secretaría Agraria, la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado y representantes del propietario, para hacer un estudio de geoposicionamiento del sitio.
Afirmó que el estudio catastral servirá para establecer la ubicación del lugar y que habrá una reunión para determinar los mecanismos legales para solucionar el conflicto.
“Nadie quiere invadir la propiedad; existe voluntad de ambas partes para buscarle solución al problema. Los vecinos lo que piden es que se les conceda ser coadministradores. El propietario propone que se trabaje en conjunto. Es cuestión de acuerdos”, refirió Estrada.
Juan Pablo Martínez Mansilla, dueño del inmueble, dijo que con el ánimo de generar empleo desarrolló el proyecto arqueológico y les ofreció a los pobladores que participen en este, por lo que les donó el 50 por ciento de los ingresos.
Expresó que vecinos de la aldea Miramar quieren quedarse con el proyecto y reclamar la tierra como Patrimonio Cultural de la Nación, por lo cual cerraron el lugar y ahora él no puede entrar.
