En la entrevista, llevada a cabo cuando Garrido visitó el país para analizar el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), habló de lo importante que es para una nación conocer su verdad y juzgar los crímenes de las dictaduras castrenses.
La conversación se produjo antes del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó sin lugar la orden de captura por genocidio dictada contra Efraín Ríos Montt y siete acusados más, por la Audiencia Nacional española.
¿Cómo fueron los primeros juicios contra los militares en Argentina?
En Argentina hubo una dictadura de 1976 a 1983, donde se cometieron innumerables crímenes contra la humanidad, pero cuando el gobierno militar dejó el poder, se aseguró de mantener su inmunidad mediante ley de autoamnistía. En 1983, el primer gobierno democrático decretó que esta inmunidad no era legal, y empezaron los juicios contra autoridades militares.
Pero el proceso no continuó.
Cuando se abrieron los procesos contra los militares hubo un levantamiento de soldados de alta que obligó al Gobierno a parar los procesos, por la continuidad de la democracia.
¿Cómo se consiguió presionar a las autoridades para que se reabrieran los juicios?
La presión de las organizaciones de derechos humanos y de la propia sociedad fue fundamental. Fue un equilibrio de fuerzas, pues políticamente hubo muchos altibajos, pero el reclamo de las organizaciones fue constante. No todo fue fácil, hubo retroceso en la década de 1980 con las leyes de obediencia de vida y punto final. El ex presidente (Carlos) Menem otorgó indultos a muchos militares, pero a partir de 1995 se encontró la forma de reabrir los casos por el delito de apropiación de menores (hijos de los secuestrados) que no habían caído dentro de la ley de punto final.
¿Qué fue lo que movió a la sociedad argentina?
Cuando se empezaron a revelar hechos aberrantes, como los relatos de los militares que habían tirado desde el aire a los secuestrados vivos, se generó mucha indignación. Además, los militares que trabaron las investigaciones en la década de 1980 fueron teniendo cada vez menos poder.
Justo lo que no sucede aquí, pues Ríos Montt es uno de los operadores políticos más importantes del país.
Más allá de las iniciativas de ciertos sectores de poder que quieren poner trabas al derecho nacional, el derecho internacional sigue avanzando en este sentido. Evidentemente, un gobierno comprometido va a generar un efecto más tangible.
Usted habló del derecho internacional y la justicia universal, pero hay formas nacionales para bloquear estos procesos.
Esa discusión sobre injerencia judicial de otro país no tiene cabida a estas alturas; es una discusión basada en una mentira y en falso patriotismo. Nuestros países no se pueden oponer a la evolución del derecho internacional, pues si han firmado los convenios internacionales no hay vuelta de hoja.
Pero en Argentina sí querían que sus militares fueran juzgados allá.
Evidentemente, en Argentina la gente quería que fueran juzgados allá porque era una cuestión de vergüenza nacional, no para liberarlos de la responsabilidad.
¿Hubo muchas técnicas dilatorias, como aquí?
En estos casos el tiempo está en contra de la justicia. Las defensas utilizan muchas técnicas dilatorias; además, los imputados son gente de mucha edad; se hacen los enfermos. El objetivo de la defensa es retrasar el proceso hasta que llegue un gobierno que los favorezca.
¿Qué le parece que la Cicig no vaya a conocer los casos del conflicto armado?
Yo creo positiva la Cicig, pero los casos que aborde dependerán del consenso general. Me parece positivo que la Comisión tenga competencia en cualquier fenómeno de impunidad.
Muchos criminales del pasado siguen operando en el presente, pero en otro tipo de delitos.
En Argentina se les llamó mano de obra desocupada. Allá también existió ese fenómeno. Los militares se pasaron a temas de secuestros o crimen organizado, pues es lo que sabían hacer. En la medida que persista la impunidad, ?esos desocupados? van a continuar haciendo lo que saben hacer, que es delinquir.
Pero la Cicig quiere hacer una división entre las estructuras paralelas que operaban antes de la firma de la paz y lo que vino después.
Si esta comisión es exitosa en investigar estos aparatos paralelos actuales, también juzgará a otros que cometieron delitos durante el conflicto armado, ya que en muchos casos son las mismas personas. Lo que los guatemaltecos tienen que tener claro es que la subsistencia de estas conductas criminales está afectando la convivencia ciudadana de hoy.
? Sentencia
Resolución: Fallo polémico
El lunes 17 de diciembre último, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de un recurso presentado por la defensa de los militares guatemaltecos acusados de genocidio.
Según la apreciación de los magistrados, la Audiencia Nacional española no tiene jurisdicción para dictar órdenes de captura contra los seis militares y dos civiles procesados por crímenes de lesa humanidad.
La CC amparó en definitiva a los generales Ángel Aníbal Guevara y Pedro García Arredondo, lo que conlleva la revocación de sus órdenes de aprehensión.
Pero esta acción también favorece a los generales Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona y Benedicto Lucas García, así como al civil Donaldo Álvarez.
Las organizaciones indígenas y agrupaciones de derechos humanos criticaron con dureza el polémico fallo.
