En una de sus más recientes declaraciones, el presidente Álvaro Colom anunció que decidiría de manera personal a cuánto asciende el nuevo salario mínimo del país, sin que esa cantidad sea el producto de las sugerencias y opiniones de los distintos sectores económicos y sociales. Esto significa que el mandatario tomará dicha decisión únicamente con base en sus propios criterios y, tal vez, en el de sus principales asesores, o que hará suya la opinión de personas muy cercanas a él, quienes no necesariamente pueden o quieren entender la dificultad del tema.

Al respecto de este asunto mucho se puede opinar. Un salario es el resultado de la mezcla de criterios políticos y económicos. Políticamente, lo más atractivo sería elevar por decreto la cantidad de dinero de los sueldos. Económicamente, es deseable ayudar a que la inversión sea más atractiva y una de esas formas es mantenerlos bajos. El primer criterio toma en cuenta una realidad evidente: el trabajo debe llenar las necesidades del trabajador. El segundo se fija en otra: los sueldos muy altos pueden llevar a sacar a los productos de la competitividad, a causa de los precios altos porque los costos de producción sean muy elevados.

Por eso las leyes del mercado tienen un lugar en la ecuación socioeconómica, pero no son los únicos factores a tomar en cuenta, como lo comprobó la crisis mundial económica. Pero no por eso deja de ser evidente que cuando un salario es establecido por un político, una desproporción de los criterios tomados en cuenta serán políticos, no económicos, y los efectos contraproducentes tardarán muy poco en aparecer.

El anuncio del presidente Colom, a consecuencia del momento en que lo hizo, puede ser considerado como una revancha ante su reciente derrota en el Congreso. El mandatario se está echando en sus espaldas una responsabilidad muy grande, porque el salario mínimo casi siempre se considera como si fuera el máximo, es decir que por lo general los trabajadores reciben esos emolumentos, no más. Ello inhibe en muchos casos la creación de nuevas empresas, sobre todo las de pequeño tamaño y/o de índole familiar, hecho que en sí provoca efectos negativos a la generalidad de la población.

Pero además puede significar el desempleo de personas que trabajen en todo tipo de empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que además pueden perder competitividad al aumentar los costos de producción y con ello las posibilidades de poder tener ventas en un mundo donde la competencia es muy grande y donde los compradores se fijan sobre todo en los precios y en otros factores donde tampoco Guatemala tiene solidez, como la seguridad jurídica y la claridad de las reglas del juego jurídico y laboral.

Las consecuencias de la decisión del presidente Colom tardarán poco en hacerse realidad, y hay muy pocas posibilidades de que sean positivas. El cierre de empresas, la reducción de personal, el desempleo y la falta de nuevas fuentes de trabajo se pueden pagar con creces no solo en el resultado de las elecciones, sino en los efectos a mediano y largo plazos, impredecibles pero seguros.

Frases del día

“El contrato abierto es una buena herramienta para adquirir medicamentos de calidad a bajo precio, el problema es que ha sido manipulado en los últimos 25 años para beneficiar a una empresa particular”.

Leonel Rodas,De gremio farmacéutico
acerca de compra estatal de medicinas.