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Política antimigratoria de Trump podría significar para Guatemala mayores recursos para la atención de retornados y conflictos diplomáticos
La Ley de Emergencia Nacional (NEA, en inglés), fue aprobada en 1976 en EE.UU. y se ha utilizado en otras emergencias.
Con las emergencia nacional en la frontera Sur declarada por el presidente Donald Trump se prevé el aumento de deportaciones.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La emergencia nacional en la frontera Sur que el presidente Donald Trump anunció, implicara más logística y fondos para la asistencia de migrantes retornados, provocará problemas diplomáticos con México y, a futuro, Guatemala podría ser obligada a ejercer como “tercer país seguro” para resguardar a migrantes que piden asilo, según lo que prevén analistas.
La Ley de Emergencia Nacional (NEA, en inglés), fue aprobada en 1976. El decreto le permite a la Casa Blanca proclamar la ley marcial, limitar las libertades civiles, requisar propiedades privadas, restringir las comunicaciones y las transacciones financieras. Trump puede tomar fondos de otros rubros presupuestarios para financiar las acciones de emergencia nacional e implementar nuevas reglas o modificar las existentes para enfrentar la crisis.
El mandatario estadounidense puede imponer sanciones económicas a los países que permiten la migración hacia ese país. Según esta ley, ambas cámaras del Congreso tienen que reunirse seis meses después del decreto presidencial para renovar o abolir la medida. Y, si no se renueva después de un año, caduca automáticamente.
El mandatario dijo que resucitará su programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, y designará a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras.
En alerta
Para Úrsula Roldán, directora del Instituto en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, México y los países centroamericanos deben entablar un "diálogo bilateral" para determinar cómo ayudar en la recepción de migrantes retornados.
"Tendrá que ser un diálogo político con países implicados, porque no todos tendrán la logística para hacer esa recepción, aunque ese diálogo lo veo muy difícil como región y tendrá que ser más bilateral. Veo más a México liderando un diálogo político de las implicaciones que esas normas tienen para los países”, indicó.
Agregó: "La implicaciones tienen que ver mucho con logística, asistencia legal, asistencia humanitaria, porque muchas personas no tendrán a dónde retornar, se requerirá de más albergues".
Roldán dice que por medio de ese diálogo político se puede alcanzar el apoyo de organizaciones internacionales, puesto que hay procesos políticos y de derechos humanos internacionales que deben respetarse.
"El presidente puede dar esa orden, pero los ejecutores de esas órdenes son los que requieren de esos acuerdos políticos con los países y las instancias internacionales, porque se pueden dar enfrentamientos entre actores estatales de Estados Unidos y los migrantes, se pueden dar violaciones a los derechos humanos", refirió Roldán.
Sobre qué mensaje diplomático envía Estados Unidos con declarar la emergencia nacional en la frontera Sur, Roldán dice que en el caso de Guatemala va ser un país considerado aliado si responde a los intereses de Trump, que tienen que ver con temas de migración y seguridad.
"Guatemala tendrá que reposicionarse en esos temas y generar condiciones para que las deportaciones se den", puntualizó.
Contra pandillas
Trump dijo que invocará la Ley de enemigos extranjeros, de 1798, para eliminar la presencia de todas las pandillas.
También advirtió que impondrá aranceles a terceros países para ayudar a "enriquecer" a los ciudadanos estadounidenses y recuperar el control del canal de Panamá.
La primera acción que se materializó fue la inhabilitación de la aplicación CBP One, que en sus dos años de vigencia permitió a casi un millón de inmigrantes pedir una cita para ingresar legalmente a Estados Unidos en busca de asilo. Unas 30 mil citas existentes fueron canceladas.
El mandatario amenazó con poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, el cual está contemplado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, Anna Kelly, subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca de la nueva administración dijo que las acciones que Trump tome deben "aclarar" el texto.
"El gobierno federal no reconocerá el derecho a la ciudadanía por nacimiento de forma automática a los hijos de extranjeros ilegales que nacieron en Estados Unidos", dijo Kelly, quien agregó que ampliarán el muro que se extiende por buena parte de los 3 mil 145 kilómetros de frontera terrestre entre México y Estados Unidos.
La funcionaria recalcó que la gestión de Trump planea además imponer la pena de muerte contra extranjeros en situación ilegal que cometan crímenes capitales tales como homicidio.
Diplomacia
El analista Roberto Wagner Roberto Wagner sostiene que las normativas de Trump no solo pueden traer consecuencias en el tema de deportaciones, sino también diplomáticas con México, principalmente con el tema del narcotráfico.
"México va decir que van a resolver este problema, pero va pasar lo de otras ocasiones y van a decir que están haciendo todos los esfuerzos para contrarrestar el problema, pero que es en Centroamérica donde no hay colaboración", explicó.
Otra de las situaciones, según Wagner, es que se buscará que todos los ingresos por la frontera con Estados Unidos se hagan por los puntos legales establecidos, lo que va a crear un "cuello de botella" que provocaría que se retome el acuerdo de "tercer país seguro" para Guatemala y enviarán a los migrantes a Guatemala para esperen por un permiso de asilo.
Rosario Martínez, investigadora de Flacso, dice que una de las consecuencias puede ser la reducción de remesas, por lo que insta a las autoridades a que se monitoree constantemente el fenómeno para tomar decisiones y ayudar a las familias que sobrevivían con ese dinero.
La pandemia de covid-19 provocó que EE.UU. declarará emergencia nacional para disponer de más fondos. Una emergencia nacional también fue invocada por George W. Bush después de los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, y por Barack Obama en 2009 ante la amenaza de la gripe H1N1. Y desde 1979 rige una NEA que restringe el comercio con Irán.
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