La democratización está en riesgo
No sorprenden las percepciones ciudadanas.
En la década de los 80, el gobierno de facto que se instaló a raíz del golpe de Estado perpetrado el 23 de marzo de 1982, en respuesta al fraude electoral que impidió la alternancia en el ejercicio del poder, entendió que Guatemala no podía quedar al margen de la ola democratizadora, por lo que propició una apertura política que dio pie a que, en 1983, se instalara una autoridad electoral autónoma, que, en 1985, una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) legítima decretara una nueva Constitución Política (CP) y que se celebraran comicios libres y justos.
Estos eventos viabilizaron un proceso de democratización, que lamentablemente, a lo largo de 40 años, ha estado determinado por intereses creados, que han entorpecido la consecución de una democracia funcional. Para comenzar, los representantes de la partidocracia, heredera de la vieja política autoritaria, que ostentaron la mayoría en la ANC, no incorporaron en la CP la integración, funciones y jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ni los principios del sistema democrático, como el voto secreto, relegándolos a una ley reformable por un Congreso controlado por la misma partidocracia, lo que ha redundado en el socavamiento de la institucionalidad del TSE, así como del régimen político-electoral.
Por otro lado, dado que la CP dispone que corresponde al tribunal constitucional la defensa del “orden constitucional”, la magistratura de lo constitucional ha entendido que su misión es el aseguramiento de la gobernabilidad (condiciones favorables para el ejercicio del poder) y no la preservación de la constitucionalidad (supremacía y aplicación de la CP). Por ello se ha impuesto una suerte de realismo jurídico que asegura la dominación política y no la realización de la justicia, lo que ha redundado en el vaciamiento de contenido de la CP y las leyes, en menoscabo del Estado de Derecho. Al respecto, Thomas Jefferson advierte: “Nuestra peculiar seguridad está en posesión de una constitución escrita. No vayamos a convertirle en un papel en blanco por llenar”.
Aunque las preguntas de los encuestadores giran en torno a la democracia, lo que tenemos es una democratización incompleta.
Si a esto agregamos la falta de voluntad política para construir una justicia oficial independiente, la burla de los principios de separación de poderes, rendición de cuentas, economía de mercado e igualdad de oportunidades, así como la tolerancia de la corrupción, el clientelismo y la impunidad, no sorprenden las percepciones ciudadanas plasmadas en el informe Latinobarómetro 2024.
Aunque las preguntas de los encuestadores giran en torno a la democracia, lo que tenemos es una democratización incompleta. Empero, el sistema democrático, sin que se haya consolidado, ha sufrido un fuerte desgaste, al extremo de que solo el 28% de los encuestados está satisfecho con la democracia; el 35% la prefiere a una autocracia (29% en 2023); el 49% cree que sería mejor una democracia sin partidos y el 45%, sin Congreso; el 14% tiene confianza en los partidos; el 27% considera que se gobierna para el bien del pueblo; el 76% percibe que hay una injusta distribución de la riqueza; el 23% tiene confianza en la justicia oficial, el 20% en el Congreso y el 22% en el TSE; el 73% tiene miedo a hablar de política; el 71% estima que la delincuencia ha aumentado; y al 33% le es indiferente un gobierno democrático y uno autoritario (41% en 2023).
No obstante, el 37% estima que las cosas pueden mejorar con ajustes menores y el 49%, con cambios profundos o radicales; en tanto que el 53% aquilata el valor del voto.
Esto supone que, a pesar de los pesares, la ciudadanía alberga esperanza en la democracia y no debe defraudársele.
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