Zamora frente al terrorismo judicial
Hacer periodismo no es un delito.
Escribo esta columna luego de asistir a la audiencia a la que el Tribunal Noveno de Sentencia Penal —que otorgó arresto domiciliario a Jose Rubén Zamora Marroquín— convocó ayer, lunes 13 de enero, para dar cumplimiento al fallo de la Sala Segunda de Apelaciones, que ordenó revocar esa medida y enviar nuevamente a prisión al periodista.
Luego de recibir un oficio de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se les notificó que está pendiente de resolverse un amparo que interpuso la defensa de Zamora para evitar que regrese a la cárcel, el tribunal integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas decidió suspender la diligencia.
En una clara muestra de independencia y tras analizar el contenido del oficio de la CSJ, las juezas resolvieron —atendiendo a la ley y los derechos que asisten a Jose Rubén Zamora— hacer una consulta a la Sala Segunda de Apelaciones para luego proceder conforme esta les indique. Es decir, la audiencia se reanudará una vez la sala se pronuncie.
Esta decisión de las juezas se dio a pesar de que —como es costumbre—, durante el fin de semana previo a la audiencia, se desató en las redes sociales una feroz campaña de amenazas y hostigamiento en su contra, en la que se les advertía que, de no enviar de nuevo a prisión a Zamora, “correrían la misma suerte” que otros operadores de justicia que se han visto forzados a salir al exilio.
En el medio de todo esto, resulta muy grave que estando en juego la libertad de una persona, que además ya pasó 813 días detenida arbitrariamente, los magistrados que integran la Cámara de Amparos de la CSJ no hayan conocido hasta ahora esta acción de la defensa ni la hayan resuelto. Es urgente que puedan hacerlo a la brevedad y que revoquen el fallo de la Sala Segunda que se suma a la larga lista de atropellos que ha sufrido Jose Rubén Zamora desde que fue detenido en julio de 2022.
Junto al colectivo #NoNosCallarán seguiremos defendiendo nuestro oficio y su libertad.
Hay numerosas resoluciones de las altas cortes en Guatemala en las que se fundamenta que lo que debe privilegiarse es la libertad de la persona acusada y que la prisión debe ser una medida excepcional. Pero como en este país el sistema está cooptado para garantizar la impunidad de los poderosos y cobrar venganza contra quienes se atreven a desafiarlos, las normas se retuercen a la medida de los “incentivos” que se reciban o los intereses que se defiendan. Por eso, a los medios y a las y los periodistas independientes se les persigue.
El caso de Jose Rubén muestra con descarnada crudeza lo que significa el terrorismo judicial y los impactos que tiene el que una Fiscalía General esté en manos de las mafias. Por eso es digno de reconocimiento su temple y la valentía para enfrentar la persecución espuria que no cesa.
“Sigo declarándome inocente, es devastador que le fabriquen casos a uno y que le destruyan su familia y su patrimonio, pero a estas alturas seguiré presente, aquí o en Mariscal. Voy a enfrentar a estos jueces y fiscales corruptos y a demostrar mi inocencia”, nos dijo al terminar la audiencia.
Hacer periodismo no es un delito. La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales e inherentes a la democracia. Jose Rubén Zamora enfrenta tres procesos penales espurios que el MP de María Consuelo Porras Argueta —calificada como actora corrupta y antidemocrática por más de 40 países— impulsa en su contra. Es imperativo frenar esta persecución indebida y terminar con el uso del derecho penal como herramienta de castigo y venganza.
Mi solidaridad con Jose Rubén y su familia y mi convencimiento de que, aun en estos tiempos difíciles, el silencio no es una opción. Aquí estamos, junto al colectivo No Nos Callarán, para seguir defendiendo nuestro oficio y su libertad.
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