Gestión local, sujeta a presión y tentación
El proceso de nombramiento de gobernadores del actual gobierno estuvo precedido por un cambio en la Ley de Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural.
Los gobernadores son los representantes del presidente en cada departamento, y en cada gobierno los nombramientos de tales cargos son motivo de polémica. En algunos casos porque intentan poner orden en la administración de recursos, frenar el tráfico de influencias para la asignación de proyectos a contratistas y priorizar determinadas ejecutorias según el interés del gobierno central, pero estas mismas razones pueden ser invocadas para hacer todo lo contrario: entorpecer u opacar el manejo local de recursos, introducir sus propios intereses en las contrataciones o solicitar subrepticias comisiones para agilizar los pedidos ediles.
Y hasta allí no se ha mencionado otro factor de presión y a veces de posible colusión en favor de intereses ajenos al bien común: la presión de diputados distritales, sobre quienes recaen las mismas posibilidades o sospechas anteriormente mencionadas. En todo caso, en el corto y mediano plazos, son los resultados los que terminan dando la pauta de la gestión en las gobernaciones. Los propios comités municipales y departamentales de desarrollo, a causa de su propia integración, deberían funcionar como los mejores guardianes de la eficiencia en la provisión de obras y servicios estatales; sin embargo, también suelen arrastrar sus propias cargas políticas —o politiqueras—, ambiciones ulteriores, fidelidades sectarias y hasta los reclamos de las comunidades.
Es así como, a cuatro días del primer año del gobierno de Bernardo Arévalo y del aún suspendido partido Movimiento Semilla, se anuncia la destitución de cinco gobernadores, que en algunos casos abarca titular y suplente. Se deberán nombrar nuevas cabezas en las gobernaciones de Quiché, Jalapa, Guatemala, Baja Verapaz y Suchitepéquez; en tres de los casos hay señalamientos de posible cohecho.
El proceso de nombramiento de gobernadores del actual gobierno estuvo precedido por un cambio en la Ley de Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo reglamento fue modificado el 29 de enero del año pasado para que la propuesta de ternas de aspirantes a ese cargo fuera pública. A esto siguió un agitado proceso lleno de señalamientos, retrasos y devolución de ternas. No fue sino hasta el 27 de abril que se tuvo a 20 gobernadores nombrados; en junio se completó el equipo, lo cual implicó un obvio impacto en decisiones y la ejecución de proyectos.
A pesar de las limitaciones de ejecución, el Congreso avaló un cuestionado traslado en el Presupuesto del 2025 de fondos de municipalidades y Codedes sin ejecutar: en el 2024 había unos Q3 mil 300 millones de fondos asignados a esos consejos, de los cuales más de la mitad quedó sin utilizar. Diputados decidieron que tales fondos se sumaran a los de 2025 y así crearon un bolsón de más de Q7 mil millones, que, por cierto, constituye uno de los motivos de recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el plan de gasto vigente.
Tanto los gobernadores que siguen en el gabinete del Ejecutivo como aquellos que sean nombrados tendrán que encarar el desafío de mejorar la ejecución en cantidad y calidad, de propiciar la cuentadancia, cumplir con las prioridades pregonadas por el mandatario y denunciar cualquier intento de presión, sabotaje o compra de voluntades. Algunos de los gobernadores destituidos ahora o previamente dijeron haberse negado a recibir sobornos y que por ello fueron objeto de denuncias. En todo caso, como se indicó al inicio, son los resultados los que hablan con elocuencia. Hay puentes, carreteras e infraestructura pública pendientes para demostrar el compromiso de servicio a la ciudadanía.
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