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Panorama político 2025: debe ser un año de mejores resultados para Guatemala y para el gobierno de Arévalo
El presidente Bernardo Arévalo y su equipo afrontan un segundo año que vendrá cargado de retos a los que tendrá que enfrentarse luego de un año de gobierno.
La falta de una bancada en el Congreso hace que el partido de gobierno pierda capacidad de gestión política. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Casi todos los retos estarán relacionados con la influencia de la política internacional, principalmente tras la victoria del partido Republicano. Con Donald Trump llegando al poder, el impacto económico, social y político abrirá un abanico de retos para Arévalo.
Pese a las dificultades que se avecinan, el analista político Renzo Rosal explicó que el Ejecutivo todavía tiene un pequeño margen para modificar el rumbo y la intensidad de la gestión del gobierno porque, en los últimos meses, los embates del Ministerio Público y los propios errores del gobierno han provocado un desgaste.
“Ahora no hay pretextos ni excusas. Obviamente hay una institucionalidad desmantelada y hay una persecución que va a continuar, y seguramente a partir de enero se va a intensificar por parte del Ministerio Público (MP) y sus aliados, pero no son factores sorpresivos. Se necesita una gestión de gobierno más basada en resultados, no en activismo, y mucho más de una gestión más sobria y liderazgo”, enfatizó Rosal.
En la misma línea, la politóloga Marielos Chang indicó que, “con la aprobación del Presupuesto General de la Nación, se acabaron las excusas. Se esperaría que el próximo año la mejora en los servicios públicos, en la infraestructura y la economía sean más evidentes”.
Chang reconoce que en el primer año de gestión hubo logros como las 10 mil escuelas remozadas, los 14 nuevos puestos de salud y seis por inaugurar —tres veces más de lo que hizo el gobierno anterior—; el primer municipio libre de piso de tierra, entre otros, pero la percepción de la población es que las cosas no han cambiado. “Este año podremos saber con certeza si solo se trataba de un problema de comunicación o que los resultados en realidad son insuficientes”, comentó.
Recibir a migrantes
El 20 de enero, Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos, luego de haber ganado las elecciones con la promesa de impulsar una deportación masiva de migrantes, lo cual, para la directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), Úrsula Roldán, se va a llevar a la práctica, aunque desconoce en qué magnitud las deportaciones afecten a guatemaltecos.
Sin embargo, señala, el retorno masivo podría agravar las condiciones de empleo y la búsqueda de reubicaciones de personas porque aún se desconoce qué departamentos serían los más afectados. “Es una presión más para que el Estado tenga políticas públicas”, dijo Roldán, quien recordó que el Gobierno ya cuenta con un presupuesto sustantivo y, por lo tanto, se debería ejecutar para atender esta situación.
Roldán opina que es difícil evitar la deportación masiva de migrantes, pero que el Gobierno debe velar por mantener el programa de visas de trabajo, aunque el panorama es complicado.
“El Gobierno puede prometer un retorno que genere condiciones de vida, para que no se vuelva a pretender la expulsión de los mismos migrantes”, dijo Roldán.
Sin bancada
El oficialismo también enfrentará su propia batalla en el Congreso de la República, porque, luego de un año sin bancada, el 2025 tampoco se vislumbra fácil para legislar.
Chang considera que el obstáculo más grande es el bloqueo que tiene Semilla para que se le devuelvan sus derechos como bancada, pues recuperarlos ayudaría a permitir que a sus ministros los dejen trabajar y evitar que las citaciones al Congreso se conviertan en espacios de chantajes o espectáculos mediáticos.
“Los partidos políticos tradicionales siguen teniendo intereses transaccionales. Desafortunadamente no se ha cambiado esa cultura política. Es posible que la tendencia de citar y bloquear continúe, y quien siga saliendo perjudicada sea la ciudadanía”, recalcó la politóloga.
Rosal, por su parte, comentó que “será una convivencia muy difícil para el oficialismo porque la bancada no juega en la cancha titular, ni está en la banca, está prácticamente presenciando el juego y prestando sus votos; los grupos emergentes, las estructuras de corrupción, son los grandes beneficiados”.
Rosal explicó que los partidos tradicionales que no son oposición a veces juegan de independientes, continuarán ese juego y en 2025 arrancará más formal la etapa electoral de 2027, así que este año quizá el oficialismo la va a ver más complicada porque ya tiene alto nivel de desgaste, tiene poco margen de maniobra y ya se probó que sus votos son útiles y que no tienen agenda propia”.
Además, el analista político indicó que este año le sirvió a los partidos opositores para medir al oficialismo, por lo que ahora aumentará la auditoría. “Ya estamos notando que están tratando de poner contra las cuerdas a los ministros y aumentar las citaciones, los mensajes de llamados de atención, de presión e incluso extorsivos al presidente de la República”, señaló.
Asimismo, Rosal dijo que el partido Vamos y algunos diputados de oposición van a jugar a desgastar al gobierno central, dependiendo de lo que haga el MP a partir del 20 de enero por la llegada de Trump al poder en EE. UU.
Remesas y empleo
Para Carlos González, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los conflictos geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación entre Israel y sus vecinos generaría un pequeño impacto en la economía nacional, pero la llegada de Trump al poder sí podría tener repercusiones importantes para Guatemala.
Los últimos cálculos revelan que el 19.5 % del producto interno bruto (PIB) del país corresponde a las remesas familiares que envían guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos.
Por esa razón, González cree que si Trump cumple sus promesas de campaña, este rubro podría verse ligeramente afectado, pero, a su criterio, la mayoría de remesas provienen de migrantes ya establecidos en ese país y que ya poseen documentos legales, por lo que el grupo más susceptible sería el de migrantes recién llegados, que todavía no significarían un impacto grande en cuanto al envío de esos recursos.
Sin embargo, el experto en asuntos económicos indicó que el retorno de guatemaltecos sí podría afectar las oportunidades laborales, ya que muchos de ellos se fueron del país debido a los pocos espacios de trabajo y por la pobreza. A eso habría que sumar los 200 mil jóvenes que se gradúan anualmente del nivel medio, por lo que uno de los principales retos será la implementación de empleo.
González también comentó que se podrían crear empleos con políticas que motiven la inversión nacional e internacional, por lo que el presupuesto aprobado en noviembre, de Q148 mil 500 millones, debe administrarse de forma correcta para fortalecer aspectos sociales y la mejora de la comunicación hacia la ciudad y los puertos del país. “Si hay un buen ambiente que transmita confianza al inversionista extranjero, eso generaría mayor empleo”, explicó.
Embates del MP
Uno de los retos fundamentales para el gobierno de Arévalo será cómo se maneja la justicia, pues durante los últimos meses la ruptura entre el MP y el gobierno central solo parece acrecentarse.
El MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), mantiene activos los casos en contra del partido Semilla, sus integrantes y funcionarios. Previo a la toma de posesión de Arévalo se cuestionó la legitimidad de los votos, el proceso de compra del sistema de conteo así como la constitución del partido, además de que se emprendieron acciones contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
Cuando Arévalo había tomado posesión en el Gobierno, la Feci coordinó la aprehensión de la exdiputada de Semilla y exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, ordenó allanamientos en inmuebles vinculados con el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado y en contra de familiares del superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz. Además, promovió la cancelación del partido oficial, con lo que evitó así que sus diputados asumiera como bancada en el Congreso.
El constitucionalista Edgar Ortiz considera que estas acciones del MP se podrían intensificar en el 2025 porque sería el último año completo de la fiscal general, Consuelo Porras, ya que en mayo de 2026 debería entregar el cargo.
Ortiz indicó que este año el MP incrementó la presión en la comunicación y confrontación contra el oficialismo, por lo que el 2025 se prevé un aumento en las acciones.
Además, el abogado recordó que en el 2025 se debe elegir junta directiva y tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), por lo que los grupos gremiales comenzarán la lucha por esos espacios. “Desde febrero o marzo veremos a los grupos peleando por estos espacios, y este será el primer evento relevante del año”, indicó Ortiz.
Explicó que la importancia de estas elecciones puede estar vinculada con que los presidentes de estas dos entidades del Cang integrarán la Comisión de Postulación que elegirá la nómina de aspirantes a fiscal general.
Desafíos en seguridad
María del Carmen Aceña, directora del área de seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, señaló que el Gobierno afronta grandes retos para el 2025. El primero está relacionado con la percepción de violencia homicida, porque, aunque la tasa de homicidios bajó, la percepción es que hay más violencia, lo cual podría estar relacionado con la velocidad de la información de noticias negativas en las redes sociales.
El 2023 cerró con una tasa de 16.7 homicidios por cada cien mil habitantes, y el 2024 puede cerrar en 16 cuando se oficialicen los datos, por lo que Aceña considera que se debe continuar con el trabajo. Cerca del 80 % de los homicidios se concentran en 50 municipios, por lo que focalizar a la Policía Nacional Civil es de suma importancia, aseguró la analista.
También afirmó que las denuncias de extorsiones han aumentado, por lo que el Ministerio de Gobernación (MIngob) debe controlar estos delitos, y para ello enfocar sus esfuerzos en el Sistema Penitenciario, porque el 80 % de las llamadas extorsivas salen de las cárceles del país. La experta en asuntos de seguridad indicó que se debe motivar más a la población para que denuncie.
Otro de los retos será la implementación de las reformas a la Ley de la PNC, porque se modificó la estructura de la institución sin contar con el aval del Mingob, y para que el escalafón que establece la norma sirva para premiar a los policías por méritos, y no por antigüedad.
