Agenda urbana queda relegada
Gobierno aleja a las ciudades intermedias de la inversión.
Como se había especulado, el Gobierno dejó atrás la política de salarios mínimos por circunscripciones económicas que hubiera fomentado una agenda urbana, siguiendo una lógica de productividades diferentes. El PIB per cápita del Área Metropolitana es cercano a los US$15,404.02 al año, mientras que en Huehuetenango es de US$5,736.39 al año. Querer imponer aumentos en la misma medida y tener el mismo salario mínimo, sin tomar en cuenta las diferencias en productividad de cada municipio y de cada ciudad, es un grave error.
El salario mínimo debe tomar en cuenta diferencias en productividad.
Se supone que este gobierno iba a comenzar a hacer cambios importantes a través de Segeplán y que el Ministerio de Trabajo iba a comenzar a reconocer la importancia que tiene para un país, generar políticas públicas que fomenten el empleo. Lastimosamente, lo que estamos viendo es más de lo mismo. Aumentos que se traducen en políticas públicas que no solo desincentivan la inversión en manufactura, sino que afectan en mayor medida a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas fuera del Área Metropolitana.
Como ya lo ha explicado el economista Tim Gindling, de la Universidad de Maryland en Baltimore, aumentar los salarios mínimos en países en desarrollo, donde el 70 % de la población económicamente activa trabaja en actividades informales, no ayuda a reducir la pobreza, al contrario, los salarios mínimos más altos hacen que los trabajadores pierdan trabajos en el sector formal.
Esto es especialmente importante en países como Guatemala, con salarios mínimos más altos que otros países más productivos de la región, como lo son Colombia, República Dominicana o Panamá, con los cuales no solo compite Guatemala por atraer inversión extranjera directa, sino que cuentan con mayor inversión en formación bruta de capital fijo y, por ende, mejores puertos, carreteras e inversión pública que los ayuda a tener mejores ingresos para su población.
El análisis de Gindling además es claro en mencionar que, si los trabajadores con ingresos bajos pierden trabajos y no pueden encontrar un nuevo empleo a causa de los salarios mínimos más altos y no existe una red de seguridad social, los salarios mínimos más altos incluso incrementan la pobreza.
Por eso es tan preocupante que el Gobierno de Guatemala comience a tomar decisiones de política salarial, sin tomar en cuenta la productividad relativa de los municipios y, por consiguiente, los esfuerzos para atraer inversión se vuelven retórica, ya que departamentos como Escuintla o Izabal, aunque sean ciudades portuarias ideales para la inversión en manufactura, se les vuelve difícil competir con el Área Metropolitana si se sigue homologando los salarios mínimos de la población.
Los países que más inversión y desarrollo están generando en América Latina saben que subir el salario mínimo no es una política pública positiva. Al contrario, esa forma de gobernar se ve únicamente en líderes populistas, que quieren eludir la responsabilidad del Estado de fomentar mayor productividad. En vez de querer elevar los ingresos subiendo los salarios mínimos, el Gobierno debería preocuparse por aumentar la inversión pública, algo que sí impactaría directamente en los ingresos de la población.
Es momento de que Segeplán asuma su papel de ser realmente una secretaría de planificación y que el Ministerio de Trabajo demuestre que tiene claridad de que cuando el salario mínimo es mayor al ingreso promedio, la informalidad siempre se mantendrá alta, por lo que el impacto solo conllevará a más desempleo.
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