Punto de encuentro
Lo bueno, lo malo y lo incomprensible
La dictadura de las togas sigue empeñada en hacer inviable la democracia.
La fuerza ciudadana que marcó los últimos meses del 2023 y le impidió al Pacto de Corruptos —a través de una ejemplar movilización en defensa de la democracia— concretar un golpe contra un gobierno legítimamente electo permitió que en este 2024 no terminara de consolidarse el régimen autoritario en el que nos habían sumido.
Tiene disponibles herramientas políticas e institucionales para debilitar o emparejar un poco la disputa.
Lo bueno fue que, tras décadas de tener al Ejecutivo controlado por las mafias, con gobernantes que utilizaron la Presidencia como motor de la corrupción, la impunidad y el enriquecimiento ilícito, se rompió la seguidilla de las duplas Pérez-Baldetti, Morales-Cabrera, Giammattei-Martínez y llegaron al Gobierno dos personas decentes y de profundas convicciones democráticas como Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Haberles arrebatado ese espacio central de poder político —que estuvo en peligro hasta el último minuto del día de la toma de posesión (y continúa amenazado)— fue una victoria popular que se tradujo en algunas decisiones de relevancia social como el aumento del 10 % al salario mínimo, el abastecimiento de insumos y medicamentos para los hospitales públicos sin que medie la corrupción, o el programa Bono Social para atender a familias en extrema pobreza.
Lo malo es que el terrorismo judicial en el que se utiliza al derecho penal como herramienta de castigo y venganza y al sistema de justicia como vehículo de persecución y —al mismo tiempo— como garantía de impunidad, lejos de debilitarse, se ha reforzado.
Sin tregua, el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta, en connivencia con operadores de justicia corruptos, sigue fabricando casos, multiplicando “investigaciones” en contra de personas que no han cometido delitos y sometiendo a la cárcel y al exilio a quienes investigaron/investigan, denunciaron/denuncian y se enfrentaron/enfrentan a estructuras criminales y de gran corrupción.
La dictadura de las togas sigue empeñada en hacer inviable la democracia y detener casi cualquier intento de transformación. Más de una centena de jueces, juezas y fiscales independientes, periodistas, defensores de derechos humanos, profesores y estudiantes universitarios, líderes sociales y de pueblos indígenas —a los que ahora se suman funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno— son víctimas del arbitrario ejercicio del Poder Judicial.
Solo en la segunda semana de diciembre —en la que se redobló la estrategia de terror del MP— se desarticuló la Fiscalía de Derechos Humanos, se fabricó un nuevo caso en contra del periodista Juan Luis Font y se montó una operación para sacudirse al jefe de la SAT, que denunció una estructura millonaria de evasión; antes lo hicieron con el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado y la exdiputada Ligia Hernández. Los perseguidos son siempre los mismos: quienes defienden la democracia e intentan romper con el Estado capturado.
Lo incomprensible es que el presidente Bernardo Arévalo no haya tomado las decisiones necesarias para que, haciendo uso del legítimo ejercicio del poder político que se le confirió en las urnas, concretara la salida de Porras Argueta de la Fiscalía General. Se desperdició el momento propicio (los primeros meses de gobierno) para lograr —incluso con la reforma de la Ley Orgánica del MP a través del Congreso— sacar a la capitana del Pacto y empezar por ahí a desbaratar la estrategia del terror judicial.
Ahora, cuando las cortes le han dado la espalda y con sus resoluciones han blindado a Porras dificultando su destitución, sigue en su equivocada apuesta por la “convivencia” y continúa sin comprender que no se trata solamente de un tema jurídico (sobre todo en este país donde se retuerce la ley) y que tiene a su disposición herramientas políticas e institucionales para debilitar o, por lo menos, emparejar un poco la disputa.
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