EDITORIAL
Fraude Transurbano queda en la impunidad
Gracias a la decisión del juez Mario Hichos, este caso termina de quedar impune al cerrarse el proceso contra varios exfuncionarios del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Desvencijadas y herrumbrosas, las antiguas paradas del sistema de transporte Transurbano, en diversas rutas de la capital y municipios vecinos, exhiben la dimensión del fraude millonario que hoy es una onerosa ruina. Gracias a la decisión del juez Mario Hichos, este caso termina de quedar impune al cerrarse el proceso contra varios exfuncionarios del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Este caso pasa a engrosar la lista de fracasos judiciales del Ministerio Público en varios procesos contra escándalos de corrupción en obra pública y dudoso destino de recursos del erario, cuyos encartados quedan de pronto libres de toda culpa sin que aparezcan ni el dinero ni las obras ni explicación alguna para tan lesivos fiascos.
La correlación más llamativa es que en ninguno de tales procesos finalizados en chascos se producen demonizaciones hepáticas ni procesos revanchistas contra juzgadores, como sí ha sucedido en otros juicios donde median obvias animadversiones, incluso contra periodistas y exfiscales. El juez Hichos dijo que la acusación presentada por el MP era una “aberración jurídica”, carente de fundamento y sin valor probatorio, antes de librar de juicio a los exfuncionarios. Como coincidencia adicional, estas exculpaciones ocurrieron después de más de cinco años, un lapso que evidencia rezagos y recursos judiciales dilatorios que, en apariencia, apuntaban a tiempos mejores y judicaturas más aquiescentes.
Existe la posibilidad de que el juez tenga razón respecto de los errores contenidos en el expediente, pero allí la pregunta es, entonces, ¿por qué no se enmendaron, ya para frenar una persecución injusta o para asegurar un precedente ejemplar? ¿O solo será el encono para ciertos casos, aunque solo se sustenten en tuits de X?
Si el apellido Hichos suena es porque el juez, nombrado en septiembre último, es sobrino del diputado Baudilio Hichos, fallecido en 2021 de covid-19 y quien fuera caudillo de Chiquimula, diputado en varias legislaturas y partidos, incluyendo los extintos Líder y UCN. El finado fue señalado de un supuesto fraude por un edificio del IGSS, caso por el cual estuvo prófugo y después pagó una caución. Nunca fue juzgado. El juez Hichos benefició antes, en el caso Transurbano, al operador político Gustavo Alejos y sobreseyó el expediente del expresidenciable de Líder, Manuel Baldizón, exconvicto confeso de lavado de dinero en EE. UU.
El caso Transurbano perseguía la adjudicación anómala, es decir sin licitación, de unos Q270 millones para un sistema prepago de autobuses; posteriormente se agregó un segundo componente por la opaca adjudicación del contrato de vigilancia de las paradas, que contaban supuestamente con un sistema de monitoreo e intercomunicadores. ¿Qué pasó con aquellos millones de quetzales? Probablemente nunca lo sabremos ni a qué bolsillos fueron a dar gracias a incapacidades del ente investigador, según el fallo del juez.
Estos fallos favorables a encartados en procesos por corrupción denotan una correlación asociada, por cantidad de eventos, a ciertos juzgados, con apelaciones tardías o débiles. Y pensar que aún no hay sentencias ejemplares en casos como el fraude Odebrecht, la chambonada del libramiento de Chimaltenango, la compra de vacunas rusas pagadas al contado y recibidas por abonos, las adjudicaciones de obras viales inconclusas cuyos hierros también se herrumbran, a pesar de pagos hechos, igual que las paradas ruinosas del Transurbano. Por algo el estudio del Centro Vance exhibió la capacidad de combate de la corrupción en Guatemala como una de las más bajas del continente.