Punto de encuentro
La justicia que retrocede y da la espalda
Veintiún masacres se cometieron en contra de comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.
“En este país pequeño todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…”, escribió Humberto Ak’abal en su poema Lejanía. Con el permiso del maestro, sumo a la lista a la “justicia”, que sigue siendo lejana para las víctimas de los crímenes atroces cometidos durante la guerra.
El último gran golpe de la imparable maquinaria de la impunidad en la que se han convertido el Ministerio Público (MP), muchos juzgados y la mayoría de salas de Apelaciones se dio el pasado 28 de noviembre, con la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo, cuyos integrantes, por unanimidad, aceptaron una recusación planteada en contra de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A para impedir que dictaran sentencia. Con este fallo —que ya fue apelado— quedó anulado el segundo proceso judicial por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil.
Unos días antes, en la recta final del juicio, la fiscal general María Consuelo Porras Argueta removió a los 14 fiscales a cargo del caso, en el que se acusa al general retirado Benedicto Lucas García por el asesinato de mil 128 pobladores ixiles entre 1978 y 1982, cuando fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. Los fiscales (ahora removidos) solicitaron al tribunal una condena de dos mil 860 años para el exmilitar: 30 por genocidio, 30 por crímenes de lesa humanidad y 40 años por cada una de las 70 personas detenidas-desaparecidas.
Por estos hechos, el 25 de noviembre de 2019, el entonces titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, resolvió que había motivos suficientes para que Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas (exjefe de Inteligencia) y César Octavio Noguera Argueta (exjefe de Operaciones) enfrentaran proceso penal. Noguera murió en 2020 y en enero de 2024 se suspendió la persecución en contra de Callejas por su condición de salud. Fue hasta el 4 de abril de 2024, cinco años después del fallo del juez Gálvez, que dio inicio el juicio en contra de Lucas García.
La justicia sigue siendo lejana para las víctimas de crímenes atroces cometidos durante la guerra.
Noventa y nueve audiencias se realizaron entre abril y noviembre. En estas, sobrevivientes, testigos, peritos y familiares de las víctimas narraron los horrores cometidos en las 21 masacres que se perpetraron contra comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul en Quiché. La Fiscalía de Derechos Humanos del MP, junto a la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) como querellante adhesiva, presentaron como evidencia 152 testimonios, 145 informes forenses, 15 peritajes de distintas disciplinas y 45 documentos y reportes, incluyendo los planes militares diseñados y ordenados por la cúpula que dirigía entonces Benedicto Lucas.
Nada de eso importó. La sala de Mayor Riesgo anuló todo lo actuado y ordenó repetir el juicio, dejando en total estado de indefensión a quienes, 40 años después de lo ocurrido, siguen buscando justicia.
“¿Cómo es que no va a haber justicia si lo que hicieron es delito? Mataron a nuestras familias, quemaron las casas, secuestraron a las personas de noche y masacraron…”, dijo María Sajic de la Alcaldía Indígena de Nebaj, en un acto realizado frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que la resolución se revierta.
No es casualidad que el fallo de la sala se diera después de que Porras descabezó y desarticuló la Fiscalía de Derechos Humanos y tampoco que haya nombrado como jefe de la unidad a Noé Rivera Vásquez, incluido en la lista Engel como actor corrupto, e involucrado en la persecución penal indebida en contra de exoperadores de justicia como Juan F. Sandoval, Eduardo Pantaleón, Siomara Sosa y Érika Aifán.
Mientras aguardan el resultado del amparo interpuesto ante la CSJ, las valientes sobrevivientes exigen la salida de la fiscal general por “promover la impunidad a favor de exmilitares y proteger a actores corruptos”.
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