Porras y los otro cuatro funcionarios, todos asociados al sistema judicial, habían sido sancionados por la UE en enero del 2024 , y tienen vetado el ingreso al territorio de la Unión Europea.
Además, eventuales activos que posean en territorio europeo serán congelados.
En una nota, el Consejo de la UE recordó que “la UE ha expresado repetidamente su preocupación por el continuado mal uso y la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala“.
En particular, recordó “los esfuerzos en curso para anular los resultados de las elecciones de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno democráticamente elegido“.
“La UE permanece atenta a cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho” en Guatemala, anunció el bloque.
El organismo europea agregó que está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en cuestiones clave de interés mutuo.
En noviembre, el MP acusó a Arévalo de vulnerar su autonomía al pedir a la Policía Nacional Civil (PNC) no ejecutar órdenes de esa institución, en un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Fiscalía.
Guatemala 🇬🇹: @EUCouncil renews 🇪🇺 restrictive measure for actions that undermine democracy, the rule of law and the peaceful transfer of power in the country for another year, until 13 January 2026.
— EU Council Press (@EUCouncilPress) December 16, 2024
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Arévalo había asegurado que no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes “ilegales” de un Ministerio Público “criminalizador y arbitrario”, pero no precisó el procedimiento por el cual sería evaluada la legalidad de las resoluciones.
Además de Porras fueron sancionados tres funcionarios del MP: el Secretario General de la institución, Ángel Pineda; el jefe fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y la fiscal Leonor Morales.
También fue incluido en la lista de sancionados el juez Fredy Orellana.
El Consejo Europea sostiene que los cinco sancionados son presuntos responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
El Departamento estadounidense de Estado sancionó a Porras en mayo de 2022 por “participación en importantes hechos de corrupción”.
Según el Departamento de Estado, Porras repetidamente obstaculizó investigaciones anticorrupción “para proteger a sus aliados políticos y obtener favores”.
