Guatemala
Dictaminan reformas a la Ley Electoral y blindan a los partidos, reducen la fiscalización y permiten el trasfuguismo
El documento habla de la independencia del TSE, pero les obliga a sus magistrados a comparecer en cualquier citación que les hagan los diputados.
Los diputados buscan 52 modificaciones en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)
Los diputados decidieron aumentarse el salario con la aprobación de su presupuesto, pero también buscan que el Estado aumente el financiamiento público para sus organizaciones políticas en el nuevo dictamen de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) que fue firmado el pasado 11 de noviembre, pero hasta hace unos días se hizo público.
La propuesta contiene 52 artículos y modifica distintos aspectos de las reglas electorales, entre estos los controles de financiamiento, sanciones y hasta la fecha de las votaciones generales.
El documento es similar al borrador de dictamen a la Lepp que se hizo público en septiembre, el mismo que diputados rechazaron luego de varias opiniones de distintos sectores que calificaron las propuestas de modificaciones como regresivas.
Pero el dictamen que se acordó en la sesión de la Comisión de Asuntos Electorales el pasado 23 de octubre, según el acta 18-2024, es prácticamente el mismo documento, con la diferencia que ya fue presentado para iniciar su debate en el pleno del Congreso de cara a una aprobación.
Entre los cambios que buscan los diputados es que el Estado aumente el financiamiento público para los partidos políticos. Quiere que por cada voto válido recibido las organizaciones reciban tres dólares en vez de dos, como está en la actual ley.
Pero el dictamen que se presentó sin previo aviso de la comisión o de los diputados que integran la mesa de trabajo, contiene otras reformas, entre estas está la reducción de los controles de fiscalización sobre los partidos y atenuar las sanciones para las organizaciones políticas.
Eliminan la cancelación
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) canceló al partido político Libertad Democrática Renovada (Líder) por violar las normas de financiamiento político, pero con la propuesta de dictamen las organizaciones ya no podrán ser canceladas si violan los parámetros financieros.
Incluso, personas en procesos de extinción de dominio y personas vinculadas a estas, podrán ser financistas porque la reforma busca que solo aplique la prohibición ante una sentencia firme y ejecutoriada.
También multiplican los montos máximos de gastos en campaña para las organizaciones políticas. Pasa de US$0.50 centavos a US$2 por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año previo a las votaciones, según detalla el artículo 11 del dictamen presentado.
Los diputados quieren recibir más dinero del Estado en cada evento electoral y así poder gastar más en cada campaña política, no obstante, reducen los controles de fiscalización en los artículos 19 bis y 21 bis.
La fiscalización dependerá del TSE y excluye a la Contraloría General de Cuentas (CGC), a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
Incluso los financistas ya no podrán saber en qué se utilizan sus aportes y cualquier donación en especies que reciban las organizaciones tendrá que ser estimado su precio por los mismos partidos y no por el TSE, como hasta ahora lo manda la ley.
Aunque el financiamiento público y los gastos de campaña se valoran en dólares, las sanciones económicas para los partidos políticos se impondrán en quetzales y se reducen. Actualmente con la Lepp, las sanciones para los partidos van de US$500 a US$250 mil, pero el dictamen busca dejarlas en un rango de entre uno a 50 salarios mínimos.
También eliminan las multas a las prohibiciones permanentes del artículo 223, que impide a un funcionario colocar su nombre en vehículos oficiales, utilizar colores alusivos a un partido político y hasta nombrar proyectos en honor a funcionarios.
Transfuguismo y TSE
El dictamen que deberá conocer en el 2025 el Congreso también elimina los artículos 203 bis, 205 ter y 210 de la actual Lepp, lo que elimina el voto nulo, la posibilidad de la repetición de un nuevo sufragio en caso de que el voto nulo reciba más del 50 por ciento más uno de los votos válidos.
Además, los diputados sacan el punto que prohíbe el transfuguismo, con lo que los diputados luego de ser electos pueden cambiarse a voluntad de bancada sin ningún tipo de sanción.
Todos los aspectos relacionados a la Lepp son aplicados por la máxima autoridad en materia electoral, el TSE, pero aunque el dictamen reconoce la autonomía del órgano electoral, pide que los diputados sí puedan citar a los funcionarios y empleados electorales cada vez que estos así lo consideren adecuado.
Esta convocatoria, de carácter obligatorio, puede ser aplicada por bancadas, comisiones legislativas y el mismo pleno del Congreso, según aparece detallado en el artículo 20 del dictamen que propone modificar el artículo 121 de la norma electoral.
Actualmente el periodo para los magistrados del TSE es de seis años y la propuesta recomienda que se reduzca a cinco años. Ellos serían electos por una nómina de 20 candidatos y ya no de 40, como actualmente está regulado.
También cambia la fecha de las elecciones, que pasarían de celebrarse un domingo de junio a un domingo de septiembre.
El dictamen que deberá ser analizado por el pleno del Congreso y aprobado en dos lecturas, para luego remitirlo a la Corte de Constitucionalidad (CC) por tratarse de una norma de rango constitucional y esa instancia debe dar el beneplácito y recomendaciones al Legislativo, quien finalmente conocería en tercera lectura y redacción final la reforma.
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