El Congreso muestra desconexión con las necesidades del país
Existe una desconexión entre las prioridades del Congreso y las necesidades reales del país, priorizando los intereses particulares en lugar del bien común.
El Congreso de la República de Guatemala ha evidenciado una preocupante desconexión entre sus prioridades y las necesidades reales de la población. La reciente aprobación del presupuesto 2025, junto con diversas reformas legislativas, ha suscitado una ola de críticas y preocupación por parte de distintos sectores de la sociedad civil. Estas acciones reflejan una preferencia por intereses particulares y agendas propias, en detrimento del bien común y el desarrollo sostenible del país. El presupuesto asciende a Q148,526 millones, cifra sin precedentes justificada por el Congreso como necesaria para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, este incremento está acompañado de un alarmante aumento en la deuda pública, destacando la emisión de Bonos del Tesoro por Q25,104 millones. Esta cifra, la más alta en la historia del país, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de Guatemala. El endeudamiento podría limitar significativamente la capacidad del gobierno para realizar inversiones futuras y obligar a recortes en servicios esenciales, poniendo en peligro sectores vitales como salud, educación e infraestructura.
El aumento excesivo a los diputados en un país con millones de personas en extrema pobreza es visto como una muestra voracidad por parte de los diputados.
Además del presupuesto, el Congreso aprobó una reforma al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, permitiendo la suspensión provisional de la personería jurídica de partidos políticos durante procesos penales. Aunque presentada como herramienta contra la corrupción, esta medida ha sido interpretada como un ataque a la democracia. Podría ser utilizada para silenciar a la oposición, consolidando el poder en manos de unos pocos y erosionando la confianza en las instituciones democráticas, incrementando la polarización política y profundizando la desconfianza ciudadana. Otro aspecto controvertido es la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que según críticos podría utilizarse para intimidar a la población en lugar de garantizar su seguridad. La militarización de funciones policiales y el debilitamiento de mecanismos de supervisión generan temores sobre posibles abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. El aumento salarial para los diputados, quienes ahora percibirán un ingreso similar al de magistrados de Sala, es otro indicador de prioridades distorsionadas. En un país donde millones enfrentan pobreza extrema, este incremento salarial se ve como una muestra de voracidad y desconexión con las necesidades del pueblo.
El presupuesto incluye asignaciones específicas, como Q3,500 millones para rehabilitar puentes y carreteras, y Q1,200 millones para la preinversión del Metro. Aunque estas iniciativas podrían generar beneficios significativos, la falta de transparencia y la corrupción sistémica plantean serias dudas sobre su ejecución. En el sector salud, se contempla un incremento salarial para el personal y la continuidad del traslado del personal supernumerario al renglón 011. Sin embargo, la infraestructura hospitalaria sigue siendo insuficiente, y muchos carecen de acceso a servicios médicos básicos. Sin una reforma integral y una gestión eficiente de los recursos, estos incrementos salariales podrían no traducirse en mejoras reales en la atención médica.
Otro punto crítico es la Ley Marco para la Integración del Sector Primario y Agropecuario, que establece un impuesto reducido del 1.5% para ventas brutas y 2% para exportadores. Aunque diseñada para fomentar la inversión, esta legislación podría erosionar los ingresos fiscales del Estado, creando privilegios para un sector limitado y desbalanceando la carga tributaria. Estas decisiones generan preocupación sobre el rumbo del país. La combinación de un presupuesto inflado, reformas que amenazan la democracia, privilegios para sectores específicos y una gestión ineficaz de recursos subraya la necesidad de un cambio urgente en las prioridades legislativas. Es crucial que la sociedad civil, los organismos de control y la comunidad internacional mantengan una vigilancia constante para garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente. Guatemala necesita un Congreso que trabaje en función de las necesidades reales del pueblo, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.
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