Reforma a la Ley de Anadie es clave
Dictamen agilizará las alianzas público-privadas para aumentar la inversión.
La semana pasada 18 diputados integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior firmaron y entregaron el dictamen favorable de la iniciativa 6433 que reforma el decreto número 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). Dicha ley es la que coordina las Alianzas Público-Privadas (APP) en el país.
Otra ley para aumentar la formación bruta de capital fijo.
El dictamen favorable reconoce la poca inversión en infraestructura de nuestro país, que ha conllevado poco desarrollo de la población y un lento proceso de aumento de las capacidades productivas en Guatemala. Mientras en países como República Dominicana o Perú, la población duplica su ingreso en 20.9 años y 22 años, respectivamente, en Guatemala tardamos 47.4 años. Esta falta de capacidad para aumentar los ingresos se debe principalmente a una falta de inversión, especialmente de inversión pública, que le permita al país crecer en una forma más acelerada.
La falta de mantenimiento de los aeropuertos, puertos o la falta de sistemas de transporte y otros activos del país, muestran la gran oportunidad que brindaría la reforma a la Ley de APP para poder fomentar mayor desarrollo. La iniciativa reforma el objeto de la ley, para normar todas las etapas necesarias para la realización de proyectos y regular la modalidad de contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal.
Se amplían los sectores que antes estaban excluidos, como educación, salud y agua. Esto es una innovación importante que permitirá a Guatemala aumentar la inversión social que tanto se necesita en nuestro país, dotando de herramientas al Gobierno y a los alcaldes para fomentar mayor inclusión, especialmente en las regiones de menor desarrollo del país. Existe un artículo que especifica la forma en que se aprueba en cada caso.
Otra innovación importante es que se amplía la clasificación de los proyectos en varias categorías. Sin ser excluyentes, pueden combinarse y relacionarse entre sí: por el origen de solicitud, por su naturaleza financiera con relación a la deuda pública, por su naturaleza financiera con relación a ingresos del sector público, por su forma de pago al participante privado, por el tipo de intervención en infraestructura, por el ámbito territorial y por el tipo de servicio.
Esta nueva clasificación presenta innovaciones importantes, por ejemplo, el permitir propuestas no solicitadas o el caso de proyectos sin deuda pública, así como diferentes mecanismos de pago. Otro cambio importante es que se cambia el nombre de la agencia a ANI, un acrónimo más fácil de recordar, así como el nombre del Consejo a Consejo Nacional de Infraestructura.
Un cambio clave es que se logra acelerar la aprobación y forma de los contratos de alianza, permitiendo, según quién sea la Institución Contratante del Estado, diferentes procesos de aprobación del contrato, para que no todos tengan que ir al Congreso, ya que esa fue siempre una complejidad del modelo que hizo que solo un proyecto se aprobara en casi catorce años desde que se aprobó la ley inicialmente. Además, se le asignan más recursos para la operación del fondo, para la preinversión, para contingencias y para garantía de proyectos a la Agencia. El Organismo Ejecutivo deberá reformar el reglamento 90 días después de que entre en vigencia la ley.
Esperemos que el pleno del Congreso pueda conocer lo más pronto posible esta iniciativa y aprobarla, para poder fomentar mayor desarrollo económico y social al país.
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