Conciencia
La maratón legislativa del martes negro
La semana pasada, el Organismo Legislativo mostró cómo el interés particular puede imponerse al bienestar colectivo, pasando leyes importantes de forma exprés.
Es sorprendente cómo, con la participación de 17 bloques en el Congreso de la República, la mayoría logró ponerse de acuerdo en una sesión maratónica para aprobar de manera exprés cuatro decretos de gran trascendencia para el país. Aunque es legítimo negociar en la política, lo que se vivió en Guatemala el 26 y la madrugada del 27 de noviembre fue el corretaje de normas hechas a la medida, carentes de principios y visión estratégica, adherido todo por el reparto discrecional de recursos públicos e impunidad.
Las reformas reflejaron la capacidad del Congreso de hacer un uso desmedido de su poder.
Respecto la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 34-2024), con el voto de 127 diputados se reformó el artículo 82, buscando evitar que las organizaciones políticas, cuando sean parte del brazo del crimen organizado, no puedan ser suspendidas y únicamente puedan ser regidas administrativamente por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Privilegio impulsado por el partido oficialista Movimiento Semilla, cuya personería jurídica fue suspendida provisionalmente por supuestas irregularidades en su formación.
Adicionalmente, con 115 votos a favor, el Congreso aprobó la Ley de la Policía Nacional Civil -PNC- (Decreto 35-2024), donde destaca todo un escalafón salarial progresivo por tiempo de servicio, pero libre de condiciones de mérito, o sea automático. Además, ofrece a los agentes cuidado médico, alimentos, alojamiento, vestuario, asistencia judicial, entre otros. Rubros deseables, pero nunca fueron cuantificados. Por otra parte, y uno de los temas más cuestionados, es que se beneficia de antemano a los agentes, para no ser detenidos o de serlo, separarlos de la población reclusa común cuando, en cumplimiento del deber, cometan posibles hechos delictivos, ello sin mencionar quién dispone cuando les corresponde gozar de dichos beneficios desplazando la figura del juez. Es fundamental fortalecer a la PNC, sin embargo, los diputados redactaron a última hora una ley inconsecuente, parchada, carente de una visión integral, sin discusión y violatoria a la constitución.
Asimismo, fue aprobado el Presupuesto del Organismo Legislativo para el 2025 (Acuerdo Legislativo 31-2024) por Q1,464 millones, con 88 votos. Significan Q270 millones mas que el año anterior. El mayor incremento se dio en asignaciones globales que pasó de Q81 millones a Q247. El rubro de servicios personales aumentó Q50 millones respecto al ejercicio previo. Por medio de una enmienda se puede inferir que el aumento en estos rubros tiene relación directa con un incremento salarial para los diputados -dice la enmienda “que deberá ser no menor a los magistrados de corte de apelaciones y otros tribunales de otras categorías”. Por lo tanto, los diputados se aumentaron, como mínimo, Q15 mil adicionales al mes. Dicha enmienda causa dudas en cuanto a su legalidad.
Finalmente, el Congreso aprobó de urgencia nacional, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que asciende a más de Q148 mil millones (Decreto 36-2024), pese críticas por su onerosidad, falta de transparencia y ejecución opaca por los Consejos de Desarrollo, el que apuesta por más gasto contra inversión, déficit y sostener una masa salarial desvinculada de resultados, recursos que definitivamente no llegarán a la población.
Las reformas del martes pasado reflejaron la capacidad del organismo legislativo de hacer un uso desmedido de su poder, para atender sus intereses particulares, priorizando agendas internas sobre el bienestar general. Es fundamental que la sociedad civil supervise su implementación para evitar violaciones a la normativa vigente, corrupción y debilitamiento institucional. Estas acciones demandan mayor transparencia y responsabilidad para salvaguardar la democracia en Guatemala.
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