Construyendo ideas
El Congreso a oscuras: la urgencia que no es de Guatemala
Guatemala no necesita más de lo mismo con diferente nombre.
Guatemala enfrenta un desafío creciente: eliminar la práctica de aprobar leyes a la medida de intereses políticos. Estas decisiones, tomadas de urgencia y sin debate adecuado, erosionan la confianza en nuestras instituciones y desvían la función de la legislación: proteger el bien común y garantizar justicia para todos por igual.
Guatemala no necesita más de lo mismo con diferente nombre.
El caso más reciente es el de la aprobación del presupuesto nacional para 2025, ocurrida el 27 de noviembre, durante horas de la madrugada. Mientras la mayoría de los guatemaltecos dormía, el Congreso tomó decisiones que impactan directamente al país, sin debate público ni la transparencia que un tema de esta magnitud merece. Este patrón refleja la desconexión entre los legisladores y la población, perpetuando una peligrosa cultura de opacidad.
En esa misma sesión, se aprobó un aumento salarial para los diputados que ha generado gran indignación. Con esta medida, las remuneraciones se elevarán a un aproximado de Q50,000 mensuales, buscando equipararlas con las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una decisión tomada sin justificación clara, que cuestiona las prioridades del Congreso en un contexto de profundas carencias nacionales.
La reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público en 2016 es otro ejemplo clave. Con el Decreto 18-2016, el Congreso eliminó la posibilidad de remoción presidencial del Fiscal General durante su mandato, salvo por sentencia firme. Aunque presentado como un avance institucional, el cambio se interpretó como un blindaje político para la entonces Fiscal General, Thelma Aldana. Este precedente mostró cómo las leyes pueden adaptarse a intereses específicos bajo la apariencia de progreso.
A nivel internacional, las lecciones son igualmente contundentes. En Venezuela, las reformas legales impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro consolidaron el poder ejecutivo, desmantelando la independencia de los poderes públicos. En Argentina, el intento de “democratización de la justicia” por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debilitó la imparcialidad de las cortes, erosionando la confianza ciudadana.
Cuando las leyes se convierten en herramientas de conveniencia política, pierden su esencia de garantizar justicia. Estas prácticas perpetúan la corrupción y refuerzan la percepción de que nuestras instituciones están diseñadas para favorecer a unos pocos, mientras el resto queda desprotegido.
Con la poca transparencia de sus acciones del 27 de noviembre, el Congreso ha levantado múltiples banderas rojas. Ahora, la ciudadanía está más alerta. Las iniciativas fiscalizadoras de la sociedad civil tienen un trabajo colosal: deben garantizar que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan y no a donde los acuerdos políticos manden.
Esta batalla se librará en las escuelas, los centros de salud y los espacios de trabajo; ahí es donde debe evidenciarse que los recursos realmente beneficien a quienes más lo necesitan. Mientras tanto, los ciudadanos debemos ser vigilantes, exigir transparencia y demandar un cambio real en las prácticas legislativas.
La solución requiere valentía: rechazar estas prácticas y exigir procesos legislativos abiertos al debate y centrados en el interés nacional. No podemos seguir tolerando que decisiones importantes se tomen en la clandestinidad. Guatemala merece instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el bienestar colectivo. Si queremos un país distinto, debemos romper con las trampas del pasado y construir un sistema donde la justicia y la ley sirvan a todos por igual. Guatemala no necesita más de lo mismo con diferente nombre.
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