Estado, empresa y sociedad
El presupuesto del Estado de Q152 millardos
En aquella época, la oposición le llamó la “danza de los millones”; ahora se podría llamar la “danza de los millardos”.
Finalmente se emitió el dictamen favorable por Q148.5 millardos para el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2025, un arreglo técnico-político logrado en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que debe ser aprobado, modificado o improbado por el pleno del Congreso de la República a más tardar el 30 de noviembre próximo, pero que en realidad es por Q152 millardos. Cabe mencionar que esta columna de opinión la escribo el lunes de cada semana.
En aquella época, la oposición le llamó la “danza de los millones”; ahora se podría llamar la “danza de los millardos”.
La precitada comisión parlamentaria agregó, entre otros cambios, el artículo 142 al proyecto de presupuesto dictaminado y que conocerá el pleno, que establece que dentro de los primeros 60 días calendario del año entrante, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante acuerdo gubernativo, publicará un plan extraordinario de mantenimiento y rehabilitación de puentes y carreteras, ampliando en Q3.5 millardos el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2025, dejando abierto utilizar cualquier fuente de financiamiento, pudiendo ser, a gusto del Gobierno: “disponibilidades de caja, financiamiento externo o colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala no programados”.
Me cuesta comprender por qué se quiere hacer creer que el presupuesto es de Q148.5 millardos cuando, con este artículo 142, el Gobierno de una vez queda autorizado a gastar Q3.5 millardos más.
Si estos fondos son necesarios, deben quedar incluidos de una vez en el presupuesto que debe aprobar (modificar o improbar) el Congreso a más tardar el próximo sábado 30. Y no puede hacerse como si fuese una cifra separada, como pretenden los que suscribieron el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, porque no solo es antitécnico, sino también ilegal.
Y por la calidad del presidente de la Comisión, estoy persuadido de que él lo sabe, lo cual me sorprende más, aunque no lo juzgo, porque no me corresponde y desconozco las circunstancias que afrontó para lograr la aprobación del dictamen. Pero la historia seguramente sí lo hará, así como a quienes lo aprueben sin haber corregido esto que, supongo, siendo benevolente, es un gazapo politiquero o una ocurrencia de última hora.
Ya los designados del Cacif, los bancos privados y la Usac ante la Junta Monetaria votaron en contra del inédito aumento del endeudamiento público previsto en dicho presupuesto, sin contar con este artículo 142 agregado al final del dictamen mencionado.
De igual manera, centros de investigación económica y social, como la Fundación 2020, Asíes, Cien e Icefi, hicieron similares señalamientos sobre el Presupuesto, incluyendo la inconveniencia (e ilegalidad) de que el aumento de los gastos de funcionamiento sea financiado con deuda pública y no con ingresos ordinarios del Estado. La deuda pública, en todo caso, debiera servir para financiar la inversión en infraestructura social y productiva, y no para pagar el gasto recurrente como sueldos y salarios.
El padre del actual presidente de la República, del primer gobierno de la revolución de 1944, recibió del régimen de Jorge Ubico un presupuesto sin deuda, porque se ufanaba de ahorrar, en detrimento de la educación y la salud del pueblo, aunque construyó el Palacio Nacional, mientras el doctor Juan José Arévalo Bermejo invirtió en obras públicas como las Escuelas Tipo Federación o la Ciudad Olímpica.
En aquella época, la oposición le llamó la “danza de los millones”; ahora se podría llamar la “danza de los millardos”. Pero lo peor de todo es que sabemos que mientras no se persiga y condene con pruebas a los funcionarios corruptos y sus contrapartes en el sector privado, no habrá dinero que alcance.
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