Nota bene
Monopolios
Monopolios estatales y artificiales
Los diputados aprobaron de urgencia la Ley de Competencia (decreto 32-2024). Sumo mi voz a la de Jorge Jacobs, Ramón Parellada y la de otros guatemaltecos que lamentan esta decisión. Concuerdo con ellos en que dicha ley hará poco por mejorar la competencia en el mercado. Por el contrario, creará oportunidades para que el gobierno selectivamente entorpezca el trabajo de algunas empresas por motivos políticos, abriendo la puerta a la corrupción.
¿A qué se debe la ineficiencia?
Los legisladores fueron presionados para aprobar la ley por asesores extranjeros. Muchos de los promotores de la ley seguramente fundamentan su postura en una teoría económica que se popularizó en los años cincuenta del siglo pasado: la economía del bienestar. El economista neokeynesiano Paul Samuelson, por ejemplo, autor del texto de economía más utilizado en universidades estadounidenses desde 1948, afirmó que los mercados no regulados funcionan imperfectamente. Los mercados fallan en cosechar la eficiencia ideal, según esta corriente, cuando generan externalidades o los actores toman decisiones con base en información imperfecta. O cuando surgen monopolios. En la primera edición de Economics, Samuelson evoca una imagen terrorífica: “El monopolio que todo lo consume” se sobrepone a la “competencia auto-regulada”.
Pero en la realidad, los mercados con libertad de entrada son dinámicos y en ellos ni brotan los monopolios como incendios forestales ni restringen la participación de empresas que compiten entre sí. Como escribe Ludwig von Mises: “Los precios de monopolio son resultado de la interferencia del gobierno en los negocios. No son productos del capitalismo, sino de los esfuerzos por controlar las fuerzas que determinan los precios de mercado.”
De hecho, hoy los economistas reconocen que en la gran mayoría de casos los precios monopólicos no emergen espontáneamente, sino que nacen y se sostienen gracias a la protección gubernamental. Muchos monopolios son producto de la ingeniería gubernamental que otorga protecciones a una corporación, o que promulga elevadas barreras de entrada a una industria para evitar la competencia.
Las autoridades deben volver la vista hacia adentro y examinar las regulaciones vigentes para detectar cuáles son las barreras e intervenciones que sus antecesores y ellos mismos aprobaron que distorsionan el funcionamiento del mercado competitivo, y luego desregular y eliminar trabas.
Una vez despejado el mercado de privilegios estatales, podríamos ver la persistencia de algunas empresas grandes cuya existencia no depende de protecciones estatales y que no necesariamente dañan a los consumidores. Por ejemplo, la empresa Evian embotella agua recolectada de su manantial Cachat, en los alpes franceses. Evian posee el monopolio de ese manantial en particular, y algunos consumidores compran libremente este bien, mientras otros prefieren sustitutos más baratos. Aquí no hay falla del mercado.
En realidad, los monopolios menos eficientes son los monopolios estatales, dotados de funciones exclusivas por ley, y amparados en su funcionamiento por el poder coercitivo del gobierno. La información disponible a los actores políticos es de inferior calidad que la información disponible a los actores económicos porque el sector gubernamental carece de un sistema de precios y otras señales que orientan sus decisiones. El gobierno tiene el monopolio para aprobar leyes, imprimir moneda y mucho más. La Superintendencia de Competencia tendrá el monopolio de decidir si una empresa tiene una posición dominante y podrá perseguirla, y los ciudadanos tendremos pocos recursos a nuestra disposición para defendernos en contra de las apreciaciones de sus funcionarios.
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