“Puede ser un malentendido”: comisionado de Codisra defiende cambios a su reglamento

La Presidencia entró en un proceso de revisión de la reciente modificación al acuerdo de creación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra), luego que juristas y diversas asociaciones de periodistas señalaran un posible atentado a la libertad de expresión. Mientras tanto, uno de los comisionados respaldó la decisión del presidente.

El pasado lunes 25 de noviembre, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, aseguró en conferencia de prensa que el equipo jurídico del presidente Bernardo Arévalo revisará las modificaciones al reglamento de Codisra para tomar una decisión al respecto. La modificación realizada le da la potestad a la Comisión de denunciar casos de discriminación y racismo derivados de publicaciones en medios de comunicación.

“El acuerdo se firmó como una herramienta para poder avanzar en los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, el presidente ha instruido a su equipo legal para hacer una revisión y minuciosamente se advierta que no haya transgresión alguna a la libertad de expresión y de prensa”, detalló Palomo.

En ese sentido, también Gerardo Chavajay, uno de los comisionados, respaldó la decisión del presidente y las alertas de que pueda atentar contra el trabajo de los medios de comunicación se podría deber a un "malentendido", porque anteriormente Codisra ya ha monitoreado medios y en los casos de discriminación se pronuncia al respecto.

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"Entendemos que puede ser un malentendido, de hecho, la Codisra en su momento ha monitoreado medios. Como antecedente, podemos tener algunas publicaciones de comunicados acerca de publicaciones haciendo un llamado a la convivencia pacífica", respaldó el comisionado.

Mientras tanto, en una entrevista radial, la subsecretaría de Diálogo Político y Gobernabilidad, Mónica Mazariegos, profundizó en que el alcance es monitorear los medios, lo cuál será dirigido por los comisionados y que el límite es que la Codisra no tiene un rol sancionatorio, sino será el Ministerio Público el encargado de realizar la investigación. Además, puntualizó que los medios están sujetos al escrutinio público y que la dignidad humana está sobre el "lenguaje de odio".

Mazariegos especificó que en los medios de comunicación y redes sociales es el ámbito de expresión donde ocurren los actos discriminatorios; en el otro extremo, abogados constitucionalistas han subrayado que los medios tienen sus propios mecanismos de aclaración, además que el derecho de denunciar ya está garantizado.

Acuerdo

La reforma del reglamento de Codisra surgió como uno de los acuerdos a los que se llegó con las autoridades indígenas en la reunión mensual que se sostiene con el presidente Arévalo. Ahí se acordó la modificación en una mesa técnica con el visto bueno de la Secretaría General, según la explicación de Milvian Aspuac, quién es parte del diálogo como miembro de uno de los Consejos que lo integra.

"Ya son varios meses de trabajar y de revisar el documento. Se fueron desarrollando las discusiones en mesas técnicas para por fin concluir en el acuerdo gubernativo (...) Eso partió también de las diversas problemáticas que hemos visto y de la no atención hacia las denuncias que presentan", defendió.

El pasado viernes 22 de noviembre se publicó en el Diario de Centroamérica la reforma al acuerdo de creación de Codisra, donde se autoriza el monitoreo de los medios de comunicación para denunciar casos de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas. Sin embargo, el Círculo Nacional de Prensa, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se pronunciaron ante una posible instrumento que podría limitar la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento.

En ese sentido, la APG presentó este lunes una acción parcial inconstitucional al artículo 1, donde se le da esa potestad a la Comisión, del acuerdo gubernativo.

"Esto para la APG y para la prensa crea una amenaza para la libertad de emisión del pensamiento, de la población guatemalteca así como la posibilidad de que un ente estatal pueda controlar y supervisar las publicaciones realizadas a través de los medios de comunicación en Guatemala, restringiendo así el uso de dicha libertad de manera contraria a la constitución, Ley de Emisión del Pensamiento e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos", declaró Ana Julieta Cárdenas presidenta de la APG.

Chavajay justificó que desde la presidencia se estará realizando el análisis respectivo y que se dará a conocer respectivamente. También que la modificación del acuerdo es parte del fortalecimiento de la misma para superar los retos y desafíos a los que se enfrentan como institución.

"Nos agregamos a lo que dijo el secretario de comunicación social, que se está haciendo el análisis legal para poder establecer si en realidad existen violaciones a derechos", respondió.