Editorial
PNC debe dejar de ser una agencia de empleo
Se debe corregir el absurdo acortamiento a seis meses de formación, avalado en el período anterior para graduar a más agentes en menos tiempo.
Las cifras son elocuentes: más de 27 mil solicitudes recibidas en la Policía Nacional Civil (PNC) para una convocatoria de tres mil nuevos efectivos; en otras palabras, hay nueve aspirantes por cada plaza, una evidencia de la prevalencia de desempleo en el país. Vale decir que se modificaron requisitos, entre ellos, la exigencia de una estatura mínima y la inclusión del diploma de bachillerato a las carreras de diversificado como calificación académica mínima. Todos los solicitantes deberán pasar la prueba de polígrafo y otras evaluaciones. Dada la abundancia de aspirantes, esta selección debería marcar un precedente de alta exigencia en favor del fortalecimiento institucional.
Es innegable que la PNC es vista por muchas personas como una oportunidad de empleo permanente y con prestaciones, a pesar de los riesgos intrínsecos que posee. Se han registrado capturas de personas que ofrecían plazas de agente o al menos aseguraban, falsamente, la admisión al curso de entrenamiento básico, a cambio de dinero. Esto es de hecho otro de los criterios tamices: si han intentado acceder de manera fraudulenta en la institución. Así también, existe el riesgo de que grupos criminales intenten infiltrar las filas de la institución en busca de poder llegar a tener acceso a información logística.
En efecto, el ejercicio del poder delegado en cada agente u oficial precisa de ser supervisado constantemente, pues no son pocos los casos de agentes que incurren en abusos o que incluso se coaligan entre sí o con otros grupos para cometer actos ilícitos. Basta citar dos casos: el asesinato de dos hombres en la Comisaría de San Andrés Itzapa, el 21 de abril último, o los 25 agentes capturados en varios departamentos el 1 de octubre, señalados de exacciones y trata de personas, un fenómeno que persiste hoy, a pesar de dicha baja policial.
La semana última falló el intento de aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, entre las cuales figuran nuevos procedimientos en caso de que un agente haga uso legítimo de su arma ante una amenaza o reglas más rigurosas sobre la provisión de uniformes y distintivos de agentes para prevenir suplantaciones. Entre los cambios se busca fortalecer también el reglamento de ascensos y se crean direcciones departamentales; el cargo de director adjunto, que ahora tiene funciones operativas y administrativas, se divide en sendos cargos específicos. Se crea, además, un escalafón salarial para asegurar una remuneración digna que contribuya a reducir el peligro de cohechos.
El artículo 4 de la iniciativa 6015 de reforma establece que el mando de la PNC está a cargo del presidente de la República, por medio del ministro de Gobernación, y habría sido este texto el que generó resistencias a la aprobación. Sin embargo, ese artículo existe exactamente igual en el numeral 3 del decreto legislativo del 4 de marzo de 1997, que dio vida a la Policía Nacional Civil.
Otra disposición que ha suscitado polémica es darle a la PNC la posibilidad de iniciar investigaciones de casos, algo que ahora hace solo a pedido del Ministerio Público u orden de juez. El argumento es tener más capacidad de reacción ante grupos criminales. El temor subyacente es el riesgo de abusos o discrecionalidades, lo cual debe quedar claramente regulado, con todo y sanciones, en el reglamento correspondiente. En todo caso, la calidad del desempeño arranca desde la selección misma de aspirantes a la fuerza policial; por ello se debe corregir el absurdo acortamiento a seis meses de formación, avalado en el período anterior para graduar a más agentes en menos tiempo. ¿A qué costo?
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