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Fortalezas, debilidades y oportunidades señalan analistas sobre la Ley de Competencia
La nueva Ley de Competencia, recientemente aprobada por el Congreso y pendiente de entrar en vigencia, tiene fortalezas y debilidades, según analistas consultados por Prensa Libre y quienes dar a conocer los diferentes puntos de vista acerca del contenido e implementación.
La Ley de Competencia, pendiente de entrar en vigencia, crea una Superintendencia de Competencia, prohibiciones, un proceso para investigar y sancionar, aspectos que son comentados por analistas. (Foto, Prensa Libre: Freepik).
Las posturas van desde que este tipo de legislación no debiera de existir sino apostarle a la desregulación que permita más competencia, que la estructura de la nueva autoridad puede prestarse a influencias políticas. Observan la necesidad de hacerla eficiente en su implementación para que no solo se vuelva otro sistema burocrático, mientras que entre fortalezas se mencionan las prohibiciones, así como la garantía de contar con un procedimiento bien definido de investigación y sanción y que la autoridad antes de sancionar debe comprobar que existe la práctica anticompetitiva y qué daño pudo haber causado, y el derecho de defensa.
Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), opinó que para generar competencia no se necesita una ley de la materia sino solamente desregular medidas que se han establecido con lo cual se resolverían problemas donde no hay competencia.
Hay muchos casos en los que con una ley o regulación se encarece los costos, añadió. En todas las cosas donde no ve competencia, hay alguna ley o intervención del gobierno, añadió.
Parellada añade que hay varias leyes o disposiciones que solo disminuyen la competencia por lo que a su criterio “el trabajo que hay que hacer es eliminar regulaciones”.
Para tener más competencia interna se necesita traer competencia externa por medio de eliminar aranceles y barreras no arancelarias ya que cualquier restricción al comercio exterior encarece los productos en el país y disminuyen la competencia, indicó.
El directivo menciona que con la nueva ley se está creando un ente burocrático, que será costoso pero lo que se necesita apertura total al comercio.
Al referirse a la lista de prácticas prohibidas, dijo que ante actos de colusión o acuerdo para fijar el precio la solución es permitir más competencia del exterior, así ante precios altos alguien empezará a importar productos más baratos.
Respecto a la nueva ley, Parellada opinó que se va a politizar su aplicación y puede ser un instrumento de extorsión de parte de los gobiernos contra las empresas del partido contrario al que este gobernando.
Mientras que el economista Fritz Thomas, califica que en términos generales es una ley desafortunada que obedece a presiones políticas tanto internas como internacionales.
Considera que la Superintendencia de Competencia que se crea, será burocrática y señala que tendría capacidad para perseguir y hostigar empresas. Incluso, a su criterio el nombre de la ley es inadecuado porque no es una ley que promueve la competencia.
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Concuerda con lo mencionado por Parellada, al indicar que “lo que más inhibe la competencia son las regulaciones, licencias requisitos, permisos y en general y una serie de leyes y reglamentaciones que elevan la barra para competir”.
“La ley no era tan mala como se esperaba o podría haber sido, pero no es una ley que promueva la competencia” y opina que el mayor enfoque de la Superintendencia debería ser investigar requisitos, reglamentos, licencias, todo tipo de requisitos.
Fortalezas, debilidades y garantías
Hugo Maul, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) es del criterio que ese tipo de ley no debiera de existir, pero ya que fue aprobada se debe evaluar su alcance.
Expone que dentro de todas las versiones de las leyes en esa materia que ha visto en 25 años, “de alguna manera esta es la que parece menos mala, aunque no estoy diciendo que sea buena, pero parece que es la menos mala”. Explica que esto se debe a que por lo menos en forma mínima se le incluyó un conjunto de garantías procesales, aspecto que considera muy importante ya que se permite la defensa, y porque quien acusa tiene que demostrar la validez legal de su acusación, y a la autoridad también tiene que demostrar que existe la mala práctica y el daño causado.
“Esa es una garantía importante que no le había visto en otras versiones. Tiene algunos elementos que limitan las cacerías de brujas” expresó Maul.
A grandes rasgos dentro de los aspectos positivos de la ley es que hay garantías procesales, y la carga de la prueba la tiene la Superintendencia y si alguien acusa tiene que demostrar que se causó un daño.
Sin embargo, considera que es del grupo de leyes que quedan en manos de políticos, y expresa que no está de acuerdo en cómo se debe integrar el directorio de la Superintendencia porque un integrante lo nombrará el presidente de la República, otro el Congreso y otro Junta Monetaria en la cual hay participación estatal mayoritaria.
“Esa veo que es debilidad de la ley, que tiene un órgano técnico muy susceptible a los vaivenes políticos” y preocupa que dada la conformación del directorio, no está blindada de intereses políticos y puede caer en discrecionalidad, expresó.
Otro aspecto que tampoco le parece es que la ley aprobada deja abierta la posibilidad de que muchos sectores estén exceptuadas de su aplicación si tienen normas propias y solo se usará de forma supletoria.
Y, coincide con Parellada y Thomas que en muchos casos la falta de competitividad es una regulación específica, normativas, reglamentos, que limitan el aumento de nuevos competidores.
Pero cree que la ley aprobada no tiene ningún poder para limitar que el gobierno siga regulando. Si bien hay uno que refiere que si la superintendencia detecta alguna acción del gobierno que limita la competencia solo habla de que podrá dar un dictamen a la autoridad para que no lo haga, dijo Maul.
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Un aspecto importante para la operación de la ley es se cree de forma adecuada toda la normativa complementaria, el reglamento de la ley, y habrá que capacitar al personal, y tribunales de lo contencioso administrativo, que es otro problema porque el país no hay muchos abogados y economistas expertos en el tema, opinó.
Considera que los primeros resultados de casos podrían verse dentro de cuatro años.
Aún falta que el contenido de la ley pase el tamizado o análisis, pero que en tanto se respeten las garantías constitucionales cree que las leyes permiten ese tipo de investigación que se faculta a la Superintendencia.
Áreas de oportunidad
En tanto Érick Coyoy, analista de Asíes, menciona que aún no han analizado todo el contenido de cómo quedó la ley, pero considera que en general es positivo que exista esa legislación.
La ley tiene dos funciones la investigación de denuncias y la promoción de la libre competencia a efecto de contrarrestar las malas prácticas contra la competencia, expone.
Respecto a su ámbito de aplicación considera que no habrá problema porque es supletoria en los casos o sectores en que haya leyes específicas.
Además, que el alcance de la investigación va a depender de la implementación del proceso para investigar.
Coyoy considera que una de las garantías de la ley es que la Superintendencia de Competencia, al recibir una denuncia debe investigar y para ello hay proceso bien definido por medio del cual las empresas denunciadas tiene derecho a la defensa, no se restringen sus libertades económicas.
La empresa tiene asegurado el derecho de defensa, la carga de la prueba está del lado de la Superintendencia, en el caso de que reciba denuncias y considere que sí amerite una revisión de la competencia, el proceso está claramente definido, por el directorio tendrá a su cargo ser especie de arbitro, garantizar la investigación pero que en el proceso que los derechos de las empresas sean respetados.
A diferencia de Maul, Coyoy cree que, en el caso de la Superintendencia, desde el momento que es una autoridad autónoma y tiene su propia independencia administrativa y funcional, le garantiza operar con objetividad.
“Se espera que el accionar de la superintendencia de Competencia sea con objetividad, aplicando la ley con objetividad, y que se fortalezca su marco legal. No es que reciba la denuncia y que ya ese sancionando, sino que haya un proceso de investigación y se tienen que comprobar”.
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