En el comienzo del juicio, abogados expusieron al tribunal que cuatro de los implicados en el caso no tenían dinero para continuar pagando su defensa y que por tanto el juicio no podía comenzar. El tribunal analizó la petición y deliberó que no procedía la petición, pero llegar a esa determinación demoró dos horas.
El Ministerio Público (MP) expuso que en el caso hay implicados 13 exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y siete contratistas que malversaron aquella suma a través de empresas de cartón.
Las 20 personas son sindicadas por haber integrado una estructura criminal que operó en la Policía Nacional Civil (PNC) para desviar fondos públicos aparentando inversión en la adquisición de bienes y servicios, particularmente autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones policiales.
Para lograr su objetivo, la red creó siete empresas de cartón que fueron utilizadas para ganar eventos en compras directas supuestamente para reparar autopatrullas y remozar sedes policiales. Sin embargo, esos trabajos no se ejecutaron, según la investigación efectuada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El exfuncionario permanece en prisión y desde el 20 de septiembre de 2018 ya fue condenado por la justicia. La pena impuesta fue de ocho años y medio por fraude, en el caso Blindados.
Por si fuera poco, López está sindicado en los casos Cooptación del Estado, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
La otra etapa del caso
En la primera fase de la investigación, el Tribunal Séptimo Penal condenó a 12 personas de seis a 26 años y ocho meses de prisión. Entre los condenados está Héctor Florentino Rodríguez Heredia, el exsubdirector general de Apoyo y Logística de la PNC.
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El Tribunal dio valor a la acusación del MP, que señaló una estructura conformada simuló la reparación de los autopatrullas y la remodelación de estaciones policiales de 2012 a 2014, cuando Mauricio López Bonilla fue ministro de Gobernación, durante la gestión de Otto Pérez y Roxana Baldetti, presos por casos de corrupción.
El MP demostró que los trabajos no fueron realizados por las empresas contratadas y que en algunos casos fueron agentes de la PNC los que remozaron edificios de esa institución, cuando quienes lo tuvieron que hacer fueron las empresas a las que se adjudicaron los concursos.
El tribunal consideró que por estas simulaciones se malversaron Q64 millones de la PNC y parte de este dinero fue detectado en las cuentas bancarias personales de Rodríguez Heredia.
Según la pesquisa, se determinó que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014, los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además, se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil, el máximo de gasto de permiten las compras directas, según la Ley de Compras.
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