Guatemala
Exministro Félix Alvarado se suma a lista de personas ligadas a Movimiento Semilla que son investigadas por el MP
Cuatro personas vinculadas al caso denominado Corrupción Semilla ya fueron sentenciadas tras acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.
Momento en que fiscales del MP se retiran de la vivienda vinculada al exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
La tarde del domingo 17 de noviembre, el Ministerio Público (MP) allanó la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, como parte de una investigación por lavado de dinero, aunque también se especula que es parte de las pesquisas por el caso Corrupción Semilla.
En la vivienda del exfuncionario ubicada en la zona 15 los investigadores no encontraron ilícitos, pero secuestraron la computadora, dos pasaportes y el teléfono celular del exfuncionario.
Alvarado presentó su carta de renuncia como ministro de Comunicaciones el 15 de noviembre, al argumentar diferencias con el presidente, Bernardo Arévalo. Se consultó al diputado del partido Semilla, Samuel Pérez, y aunque no dio detalles, sostiene que el allanamiento es por ese caso.
Alvarado, sería el segundo integrante del partido que es investigado por el caso Corrupción Semilla, como le denomina la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, al argumentar que integrantes de ese partido con ayuda de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cometieron anomalías en los comicios generales del 2023; desde que presentaron supuestas listas de afiliados al partido, hasta influir en los resultados electorales.
El caso fue revelado en diciembre de 2023, después de que un ciudadano dijo que quería adherirse a un partido de su preferencia, pero en el TSE le dijeron que estaba afiliado a otro partido, y al consultar se percató que estaba afiliado a Semilla sin haber firmado la hoja de adhesión.
Una de las pruebas presentadas por la Feci detalla que “el día de la primera vuelta electoral, el 25 de junio del 2023; 785 actas número 4 se ingresaron al sistema con horario previo al cierre de mesas de votación, es decir las gráficas de estas actas evidencian que las mismas ya existían antes de haber sido cerradas las mesas receptoras de votos.
Según lo indicado por el mismo TSE, el proceso de registro de votos, generación de actas y digitalización de datos en el sistema TREP, evidencia un primer error en el evento electoral del 2023, debido a que el sistema registró 24 mil 749 actas número 4. Sin embargo, en dicha cifra 164 actas número 4 no fueron localizadas por número y lugar.
Sentencia
El 11 de noviembre, la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández aceptó los cargos por los delitos de financiación electoral y financiamiento electoral no registrado y obtuvo su libertad de forma inmediata. La sentencia fue de seis meses de prisión y una multa de Q10 mil.
Los abogados indicaron que se solicitó la suspensión condicional de la pena y el juez accedió, por lo que se ordenó la libertad inmediata de Hernández, quien fue detenida el 13 de agosto último, por su vinculación con dicho caso.
Vinculados
Cuatro personas vinculadas al caso “Corrupción Semilla” han sido sentenciadas tras acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, según los datos compartidos por el departamento de Comunicación Social del MP.
11 de diciembre
La FECI presentó pruebas suficientes para que el juez séptimo penal dictara sentencia condenatoria contra un trabajador del TSE. Este fue condenado por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, aceptando su responsabilidad en los hechos. El juez impuso una pena de dos años y seis meses de prisión.
14 de febrero
Después de que la FECI imputara a dos personas por incumplimiento de deberes y que estas aceptaran su responsabilidad, el juzgado séptimo penal les impuso una pena de un año y medio de prisión.
11 de noviembre
El más reciente fue el caso de Ligia Hernández, en el que el juez séptimo penal dictó sentencia contra Ligia Iveth Hernández Gómez, quien se acogió al procedimiento especial de aceptación de cargos. Fue condenada por fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, recibiendo una pena de un año de prisión por cada delito, además de una multa de Q20 mil. No obstante, al acogerse a este procedimiento, sus penas fueron reducidas en un 50%.
Así también, otras dos personas aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados por el MP y se les suspendió la pena.
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