Guatemala
El MP remueve a 14 fiscales a cargo del caso genocidio Ixil
En medio del juicio contra militares retirados, acusados de genocidio, autoridades del Ministerio Público remueven a los fiscales a cargo del caso.
MP pide que el militar retirado Benedicto Lucas sea condenado a 2 mil 870 años de prisión por los delitos de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y genocidio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio contra indígenas denunciaron que 14 fiscales de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), fueron removidos en la recta final del juicio contra los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas acusados de los delitos de deberes contra la humanidad y genocidio.
Lucas García es señalado de la masacre de decenas de indígenas del pueblo maya Ixil en Quiché, en 1981, cuando fungía como jefe del Estado Mayor en el gobierno de su hermano Jorge Lucas García.
La fiscalía de Derechos Humanos del MP, donde estaban asignados los 14 empleados del MP, fue la que acusó los militares de crímenes cometidos en contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno. La pesquisa señala que se cometieron 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.
La defensa técnica de uno de los acusados - Benedicto Lucas- denunció a los fiscales que estaban a cargo del caso.
“Los fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos, fueron trasladados a la Fiscalía de Casos Especiales en virtud de que dicha fiscalía está conociendo el fenómeno de estafas en todas sus modalidades y está siendo fortalecida con la finalidad de dar respuesta efectiva y pronta ante el alza de denuncias por este fenómeno delictivo”, respondió el MP.
Según explicó el ente investigador, los traslados obedecen a los conocimientos y experiencia que tienen. En relación con los expedientes, el MP indicó que estos fueron reasignados. Puntualizaron que los traslados se efectuaron en el transcurso de la semana anterior.
“En estas semanas han removido y trasladaron a 14 fiscales de la unidad de víctimas del conflicto armado interno, como parte de los intentos por detener el proceso de genocidio cuando estamos a punto de llegar a una sentencia histórica”, dijo en rueda de prensa, Victoria Aguilar, representante de sobrevivientes del genocidio indígena.
El fiscal Erick de León, quien era el encargado de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), fue separado de su cargo el pasado 4 de noviembre, explicó Aguilar.
El pasado 8 de noviembre la fiscalía solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “A” una condena de 2 mil 870 años por la desaparición forzada y masacre de al menos 70 indígenas en contra del general de 92 años.
Detener el juicio
La defensa de Lucas García presentó esta semana un recurso para separar al juez Gervi Sical del proceso y detener el juicio en su etapa final.
“En las últimas semanas se ha evidenciado la intención de los abogados defensores de retardar o detener el avance del juicio luego de más de 95 audiencias y a las puertas de una sentencia”, advirtió a EFE el abogado de las víctimas, Mario Trejo.
Lucas García, de 92 años, está acusado de haber diseñado la estrategia de contrainsurgencia que el ejército de Guatemala aplicó contra la región maya ixil, ubicada en el departamento (provincia) de Quiché, al norte del país, y de determinar como “el enemigo interno” a toda la población indígena de la zona que fue arrasada.
Durante más de 90 audiencias, desfilaron más de 50 testigos y decenas de expertos que narraron las acciones del ejército en distintas comunidades del norte de Guatemala, donde señalan a los soldados de haber realizado masacres, violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres y niñas, así como la desaparición forzada de decenas de personas.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, causó más de 250 mil víctimas, hasta la firma de la paz en 1996.
La audiencia que estaba programada para ayer -14 de noviembre- fue suspendida debido a que una de las juezas del tribunal se reportó enferma y aún no existe fecha para reanudar la fase final del juicio.
