El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas, prepara un nuevo procedimiento para las compras y adquisiciones en el sector público, lo cual, lógico en nuestro medio, genera desconfianza sobre los alcances de un nuevo marco regulatorio, sobre todo porque el presidente Jimmy Morales es uno de los mayores críticos de la ley vigente.

Ciertamente, no puede verse con buenos ojos que el actual gobierno busque cambiar la Ley de Compras y Contrataciones, porque este ha sido un régimen que ha mantenido los estándares de opacidad de anteriores administraciones, y cada uno a su tiempo ha buscado burlar los rígidos procedimientos con intenciones de beneficiar a financistas y colaboradores cercanos, lo cual nadie ha querido evitar.

Un marco regulatorio para gastar los millonarios impuestos de los contribuyentes debería ser el compromiso de todo gobierno, porque también es claro que muchas normativas deben ser actualizadas, como ha ocurrido en nuestro caso cuando evidentemente son necesarios controles más rígidos ante la irrefrenable forma poco responsable en la que se conducen las más altas esferas de gobierno.

Ese debe ser un punto de inicio para cualquier cambio en una ley de esa naturaleza: atender nuestro pasado reciente y procurar cerrarle el paso al pillaje con el erario, burla invariable porque los mismos protagonistas persisten en los abusos y también es posible identificar el tipo de obras y adquisiciones sobre las que sin piedad actúa la rapiña de protagonistas muy conocidos.

De esa base se debe partir para plantear las modificaciones necesarias en una ley de esa naturaleza, lograr que los negocios ilícitos vayan siendo marginados de la esfera pública, para que cualquier adquisición pueda ser más expedita y no se modifiquen las normas para dar pasos hacia atrás en una serie de controles que de todas maneras no han podido impedir el latrocinio.

Cuando el actual ministro de Finanzas anuncia que se tiene avanzado un proyecto para un cambio radical en las compras públicas, la primera reacción es de preocupación. Pero cuando dice que esa propuesta se pondrá a discusión de diversos sectores, eso podría ayudar a reducir los niveles de ansiedad, y solo restaría esperar que quienes participen en ese proyecto representen el interés mayoritario de los guatemaltecos, y no solo de aquellos que buscan hacer más laxos los controles sobre el gasto en la administración pública.

Ciertamente, la actual ley necesita una actualización, y por eso se explica un proceso de reformas en ese sentido, pero viniendo de un gobierno tan desinteresado en el combate de la corrupción, es preocupante y, en consecuencia, debe ser muy amplia la convocatoria, con el fin de no marginar a quienes ya han hecho un significativo aporte en la fiscalización de las adquisiciones bajo la actual regulación.

Se debe tener presente también que esa nueva normativa tiene un camino cuesta arriba y que difícilmente podrá implementarse durante la administración de Morales; pero, además, a su paso por la comisión respectiva del Congreso podría ser transformada de manera perversa por quienes podría creerse los herederos de poder. Esa posibilidad de modificar una ley a la medida de un nuevo gobierno también debe evitarse, y por ello no solo es importante la más amplia participación, sino también hacerla con absoluta transparencia.