Justicia
La aceptación de cargos de Ligia Hernández podría ser usada por el MP para pedir la cancelación de Semilla
La directora del Instituto de la Víctima y exdiputada aceptó los cargos dentro del Caso Corrupción Semilla que investiga la Feci de Rafal Curruchiche.
Ligia Hernández permaneció 90 días en prisión preventiva. Fotografía: Prensa Libre.
Los integrantes de Movimiento Semilla se encuentran satisfechos por la liberación de Ligia Hernández, pese a que fue en un contexto de “presión” mediante la aceptación de cargos. Pero también temen que esa sentencia sea utilizada para atacar legalmente al partido político.
La directora del Instituto de la Víctima y exdiputada de Movimiento Semilla en la legislatura 2020 – 2024 informó en un comunicado que buscó un proceso de aceptación de cargos, en el que admitió ante un juez haber cometido los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado.
El proceso contra Hernández se da dentro del expediente Corrupción Semilla, que está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público (MP) y que dirige Rafael Curruchiche.
“Nosotros como partido estamos satisfechos por la libertad de Ligia. Lamentablemente fue mediante un proceso de aceptación de cargos que fue con una situación de presión muy fuerte”, declaró Andrea Reyes, diputada de la agrupación Semilla y abogada de distintos procesos de la organización política.
Hernández estuvo 90 días detenida, sin tener acceso a una medida sustitutiva como lo requirió frente al juez Freddy Orellana, a cargo del caso. Después una sala penal confirmó la prisión preventiva al rechazar una apelación presentada por sus abogados defensores.
“Ella fue presionada bajo una especie de tortura y coacción de parte del MP, que es una cuestión que vamos a atacar. La capacidad de una persona recluida y bajo la amenaza de no volver a ver a su familia”, añadió Reyes.
Temen nuevos ataques
Reyes dijo que se encuentra a la expectativa de cuáles serán los nuevos movimientos del MP, ya que la aceptación de cargo a la que Hernández se sometió podría ser utilizada para nuevos mecanismos de “criminalización”.
“Nosotros vamos a cuestionar cual fue el método de investigación, porque el MP tuvo que hacer algo para obtener pruebas, si no, no la hubieran podido sostener – la aceptación de cargos – de ninguna forma”.
Actualmente el partido político Movimiento Semilla se encuentra con una suspensión temporal por resolución judicial. Pero los múltiples casos de aceptación de cargos, que fueron consultados al MP sin tener respuesta sobre la cantidad exacta, podrían ser usados para nuevas medidas contra la agrupación.
“En cuanto al proceso legal estamos, no tranquilos porque entendemos que la sentencia pudiera tener alguna repercusión en términos jurídicos (…) estamos hablando de que el MP ha buscado esta situación desde el principio para poder buscar la cancelación del partido”.
Reyes destacó que las investigaciones que expone el MP no tienen fundamentos porque los hechos fueron solventados por la vía administrativa ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2022. Incluso detalló que la agrupación canceló una multa.
La versión de presidencia
La presidencia de la república emitió una postura ante la liberación de Hernández y destacó que el caso contra la funcionaria oficialista fue una persecución política.
“Seguimos respaldándola y entendemos que su decisión ha sido difícil, pero que nadie en Guatemala debe tolerar estos tratos. Nadie en Guatemala debería aceptar cargos sólo por evitar situaciones tortuosas y una prisión preventiva totalmente injusta”.
La funcionaria buscó una figura legal que aprobó el Congreso, en su octava legislatura. Que a criterio de las actuales autoridades de la presidencia puede generar una persecución política.
“Estamos estudiando futuras acciones legales para ponerle freno a estas prácticas inhumanas de persecución política, pero respaldamos profundamente a Ligia y le deseamos una pronta recuperación, ahora acompañada de su familia y seres queridos”.
Mal empleada
En noviembre de 2019 el Congreso de la República aprobó la ley de aceptación de cargos. Dicha norma legal a criterio de sectores sociales sería utilizada para favorecer a actos políticos asociados a la corrupción con condenas menores.
Pero a cinco años que los diputados aprobaron la ley, Zoel Franco, analista de justicia independiente, considera que la norma ha servido para dos cosas: favorecer a amigos y presionar a enemigos.
“Favorecer a personas que se beneficiaron de la corrupción y perseguir a quienes se considera enemigos del sistema y obligarlos a aceptar cargos sin tener fundamentos”, explicó.
El no cree que existan posibilidades que la sentencia contra Hernández se utilice para atacar al partido político o al gobierno, no al menos de manera legal. “Pero como la ha manejado la fiscalía van a querer utilizarlo de manera mediática y hacer una persecución espuria”.
El analista consideró que si ya se tenía un amparo provisional a favor de la libertad de Hernández, lo prudente habría sido buscar la ejecución del amparo antes que una aceptación de cargos. Pero respeta la estrategia legal que utilizó el abogado defensor, Juan José Zaghi.
Incluso la versión de Zaghi es que a su consideración el amparo provisional no era del todo claro, por lo que consideraron oportuno, junto a Hernández, someterse al proceso de aceptación de cargos.
“Nosotros tuvimos conocimiento del amparo el sábado, pero el amparo no decía directamente su libertad. El amparo decía que la sala debía de mandar su expediente y supongamos que el amparo hubiese procedido era que la sala emitiera una resolución, no hubiera sido inmediato”, concluyó el abogado defensor.
Condenados por Caso Semilla
Cuatro personas vinculadas al caso “Corrupción Semilla” han sido sentenciadas tras acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, según los datos compartidos por el departamento de Comunicación Social del MP.
11 de diciembre
La FECI presentó pruebas suficientes para que el juez séptimo penal dictara sentencia condenatoria contra un trabajador del TSE. Este fue condenado por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, aceptando su responsabilidad en los hechos. El juez impuso una pena de dos años y seis meses de prisión.
14 de febrero
Después de que la FECI imputara a dos personas por incumplimiento de deberes y que estas aceptaran su responsabilidad, el juzgado séptimo penal les impuso una pena de un año y medio de prisión.
11 de noviembre
El más reciente fue el caso de Ligia Hernández, en el que el juez séptimo penal dictó sentencia contra Ligia Iveth Hernández Gómez, quien se acogió al procedimiento especial de aceptación de cargos. Fue condenada por fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, recibiendo una pena de un año de prisión por cada delito, además de una multa de Q20 mil. No obstante, al acogerse a este procedimiento, sus penas fueron reducidas en un 50%.
Así también, otras dos personas aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados por el MP y se les suspendió la pena.
ESCRITO POR:
