A ellos se suman prestigiosos juristas españoles, entre ellos José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal del Tribunal Supremo, Elisa Veiga Nicole, exmagistrada de la Audiencia Nacional y Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal jefe de la Audiencia de Barcelona.
Los juristas y activistas sustentarán ante la CC, la máxima instancia jurídica de Guatemala, algunos aspectos desde el derecho internacional que puedan servir de elemento de discusión a los magistrados de esta Corte, que deberá decidir en los próximos días si otorga o no una amnistía a Ríos Montt.
Los abogados del general retirado, que gobernó con mano dura en el período 1982-1983, durante la peor época del conflicto armado guatemalteco (1960-1996), que dejó unas 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, han interpuesto en los tribunales una serie de recursos para evitar que Ríos Montt sea procesado por genocidio.
Un alto tribunal rechazó ya el pasado 12 de octubre al exjefe de estado de facto una petición de amnistía por considerarla “frívola e innecesaria”.
Ríos Montt es procesado por la matanza de 201 campesinos perpetrada por el ejército en la aldea Dos Erres, en Petén, durante 1982, delito por el que ya fueron condenados a 6 mil 60 años de cárcel cinco militares retirados.
Además, el militar retirado enfrenta otro proceso judicial por la matanza de más de 1 mil 700 indígenas durante su régimen, en Quiché.
Una fuente del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) de Guatemala, querellante adherido en el proceso contra Ríos Montt, explicó a Acan- EFE que Ríos Montt también pretende dejar sin efecto todo lo actuado ante los tribunales con la presentación de nuevos recursos judiciales.
Los recursos presentados por los abogados de Ríos Montt, quien se encuentra en arresto domiciliario desde enero pasado, cuando se presentó a la justicia de forma voluntaria, sólo pretenden retrasar su enjuiciamiento, ya que la amnistía no es aplicable al genocidio, sostuvo el director de Caldh, Juan Francisco Soto.
Los familiares de las víctimas, con la asesoría de Caldh, han insistido ante los tribunales y la CC en que se castigue a los responsables del genocidio en Guatemala y se oponen a que Ríos Montt sea beneficiado con una amnistía.
Según los juristas y activistas españoles, otorgarle ese beneficio al general retirado sería “una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y un gran varapalo para las víctimas” y “supondría un duro golpe al Estado de Derecho”, según un comunicado emitido previamente a su viaje.
Junto a Ríos Montt también son procesados por delitos de genocidio los generales retirados Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez, detenidos en junio y octubre de 2011, respectivamente.
Ambos están recluidos en el hospital militar, al argumentar quebrantos de salud.
