CGC denuncia penalmente al IGM por irregularidades en compra de libretas para pasaportes
Una auditoría realizada el último proceso de compra de cartillas de pasaportes, por Q63 millones, encontró omisos graves en los procedimientos.
La CGC presentó una denuncia penal en contra de las autoridades del IGM por la compra de 1.5 millones de libretas de pasaportes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El pasado 2 de octubre, el supervisor y el coordinador gubernamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentaron una denuncia penal en contra del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por omisos en el proceso de adjudicación del contrato para la compra de libretas para pasaportes, por Q63 millones.
Los hallazgos son producto de un Examen Especial de Auditoría Concurrente que la Contraloría realizó en el IGM del 12 de enero al 17 de julio del 2024. La adjudicación del contrato para la compra de libretas se hizo el 19 de marzo, según el Número de Operación de Guatecompras (NOG), 21990301.
La denuncia penal se presentó en contra del actual director del IGM, Alfredo Danilo Rivera y el subdirector Carlos Woltke..
La solicitud de la Contraloría trascendió esta semana, luego que el medio digital Vox Populi, publicará una investigación donde cuestionan el proceso de compra de pasaportes en el 2023 y en el 2024, contratos que suman Q120.3 millones y que, supuestamente, estaría involucrado el anterior director del IGM, Manuel Estuardo Rodríguez Valladares y el actual director, Alfredo Danilo Rivera.
Los hallazgos
- La auditoría practicada por la CGC, a la que Prensa Libre medio tuvo acceso, señala cinco hallazgos o irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato de compra de libretas de pasaportes.
- Falta de determinación del precio de referencia.
- Legislación desactualizada en el contenido del dictamen presupuestario.
- Falta de publicación en Guatecompras de documentos del proceso de adquisición.
- Incumplimiento a las bases de licitación en la calificación de ofertas.
- Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado en la aprobación de la adjudicación.
La compra de cartillas responde a un evento que inició, según se publicó en Guatecompras, el 16 de febrero pasado. El 19 de marzo se recibió una única oferta de Formularios Standard para proveer al IGM de 1.5 millones de las libretas de pasaportes, a un costo unitario de Q42, por un valor total de Q63 millones.
Ese mismo día, el 19 de marzo, la Junta de Licitación resolvió otorgar el contrato a Formularios Standard, la misma empresa que nueve meses antes había ganado un contrato con las mismas características, pero por un total de Q57.3 millones.
La Contraloría, al revisar el proceso de adjudicación, en primera instancia destacó que no se incluyó el precio de referencia, lo que constituye una omisión a la norma. El IGM presentó sus descargos: "la norma no es imperativa en cuanto a utilizar un precio de referencia establecido por el Instituto Nacional de Estadística, por no encuadrar en las modalidades de contrato abierto y subasta electrónica inversa (...) lo estimó tomando en consideración el precio del mercado, el cual se encuentra en condiciones de competencia".
Las cartillas que el IGM compró en el 2023 costaron cada una Q38.25 y las adquiridas en marzo pasado a la misma empresa fueron Q3.75 más caras. La CGC no aceptó el descargó presentado.
El segundo hallazgo destacado en la auditoría es que se utilizó en el proceso de licitación legislación desactualizada para emitir el dictamen financiero. En el proceso se incluyeron parámetros de la sexta edición del Manual de Clasificación Presupuestaria, cuando estaba en vigor la séptima edición, vigente desde el 14 de julio del 2023. Ahí se puso en riesgo "la validez en la emisión del documento".
El tercer hallazgo señala la falta de publicación de documentos del proceso de adquisición. El IGM reconoció el omiso y lo justificó en que la persona encargada de digitalizar los documentos "no se percató que no incluía la sección de especificaciones técnicas", sin embargo, "no hubo afectación en el proceso, porque las bases no sufrieron observaciones de los posibles oferentes".
Bases de licitación
El cuarto hallazgo que fundamenta la denuncia penal en contra del IGM es por el incumplimiento a las bases de licitación en la calificación de ofertas. Aquí, señala el informe de auditoría que la junta de licitación incumplió con las bases de licitación al calificar con 10 puntos al oferente Formularios Standard, Sociedad Anónima, cuando esta empresa presentó solamente dos de cinco certificaciones posibles, por lo que no podía obtener el punteo máximo.
"La Dirección General de Migración aceptó la referida respuesta, dándole continuidad al proceso de adquisición obviando el incumplimiento a las bases de calificación en el proceso de calificación por parte de la junta de calificación", detalla el informe de auditoría.
El último hallazgo del contrato es por incumplir con la Ley de Contrataciones del Estado en la aprobación de la adjudicación, porque el subdirector general de Migración actuó en sustitución del director general al emitir la resolución para la adjudicación de la compra y aprobar lo actuado por la Junta de Licitación, cuando el Código de Migración estipula que el subdirector sustituye al director únicamente en caso de ausencia de éste, "es decir que no asume la calidad de director general, únicamente actúa en sustitución del mismo", razona la CGC.
IGM se pronuncia
Por escrito, el IGM respondió a la consulta de Prensa Libre y sostiene que no se han entregado los resultados finales de la auditoría practicada.
"Se evacuaron más de tres reuniones en donde se presentaron los argumentos y documentos de descargo de las posibles deficiencias, sin embargo, tomó por sorpresa a esta administración, la denuncia penal presentada, sin siquiera conocer el informe final de la auditoría concurrente donde se atendieron las inquietudes presentadas por los auditores", indicó el IGM.
Según el Instituto, "la acción interpuesta se hace en el marco de un proceso incompleto" y "es necesario agotar la fase de formalización de hallazgos y comunicación con las autoridades responsables".
Sostiene el IGM, además, que tanto el director Alfredo Danilo Rivera y el subdirector Carlos Woltke, denunciados por la Contraloría, "se han puesto a disposición del fiscal a cargo de la investigación y se ha dado respuesta a las solicitudes iniciales".
